La decisión fue adoptada por unanimidad en la Asamblea General Extraordinaria celebrada el pasado 31 de marzo de 2026. En ella, los afectados aprobaron una primera ronda de financiación destinada a impulsar tanto acciones legales inmediatas como una estrategia de difusión del denominado “Caso Campomanes”.
Los titulares sostienen que la actual situación responde a una alteración de derechos adquiridos durante décadas, a través de lo que califican como una reinterpretación interesada de la concesión administrativa. Denuncian la imposición de nuevas condiciones económicas que consideran “desorbitadas” y alejadas del marco original en el que adquirieron sus derechos de uso.
“"El conflicto radica en el intento de convertir una prórroga administrativa en un mecanismo que, en la práctica, permitiría vaciar de contenido esos derechos consolidados, desplazando a los actuales titulares y abriendo la puerta a una operación con un potencial beneficio millonario."
Además, los afectados advierten de la existencia de actuaciones que consideran irregulares e incluso potencialmente ilegales, así como de presiones sobre titulares y negocios vinculados al puerto. En su valoración, se estaría imponiendo un modelo orientado a maximizar la rentabilidad económica de la concesión en detrimento de los derechos preexistentes.
Ante esta situación, la comunidad ha anunciado que llevará el caso “hasta sus últimas consecuencias”, con el objetivo de exigir responsabilidades en todas las instancias necesarias y defender lo que consideran sus derechos legítimos frente a la actual gestión del enclave portuario.
