Tras un 2025 con un rendimiento mejor de lo esperado, las comunidades autónomas se enfrentan a un cambio de ciclo en sus finanzas. S&P Global señala que las presiones de gasto podrían deteriorar el rendimiento presupuestario. Entre los principales riesgos, la agencia destaca el incremento de los salarios de los funcionarios, un posible repunte de la inflación, los costes de reconstrucción por catástrofes como las inundaciones, el envejecimiento demográfico y la necesidad de ejecutar los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia antes de agosto de 2026.
El informe de S&P subraya que el buen comportamiento de 2025 se basó en un fuerte crecimiento de los ingresos y una moderación del gasto operativo. Los recursos tributarios propios de las autonomías, especialmente el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, evolucionaron mejor de lo previsto. Los ingresos crecieron un 4% en 2025, superando la previsión del 3,3%, y el superávit alcanzó el 3,5% de los ingresos operativos.
Sin embargo, el margen se estrechará a partir de ahora. La agencia prevé que el crecimiento de la economía española y, con él, el de los ingresos regionales, se moderará, compensando solo parcialmente la escalada de costes. Para 2026, S&P confía en que el sistema de financiación autonómica siga sosteniendo los ingresos, con transferencias anunciadas un 7,7% superiores a las de 2025, pero advierte que la sostenibilidad presupuestaria dependerá cada vez más de la disciplina fiscal de los gobiernos regionales.
Entre los factores de presión, el informe apunta a una subida de los salarios del sector público de hasta el 5,5% en 2027 y a un encarecimiento de bienes y servicios si la inflación repunta por las tensiones geopolíticas. También anticipa un aumento estructural del gasto sanitario por el envejecimiento de la población y el avance tecnológico. Además, se suman los costes extraordinarios de reconstrucción tras las graves inundaciones de 2025 y 2026, que afectarán especialmente a autonomías como la Comunitat Valenciana, Andalucía y Extremadura.
Otra fuente de tensión es el calendario europeo. Las comunidades están acelerando proyectos para no perder los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia antes del plazo límite de agosto de 2026. S&P calcula que la tasa de ejecución de estos fondos rondaba el 70% en febrero de 2026. El informe también pone el foco en las desigualdades persistentes entre autonomías, recordando que el sistema de financiación actual genera importantes diferencias en el reparto de recursos y señala que regiones como la Comunitat Valenciana y Murcia salen perjudicadas.
