Una reciente sentencia de la Audiencia Nacional, fechada el 26 de marzo de 2026, supone un alivio parcial para las arcas municipales de Ourense. El fallo anula la obligación de devolver al Ministerio de Transportes 1.435.265,66 euros, correspondientes a la primera anualidad de una subvención para la reforma de la Plaza de Abastos. La decisión judicial se basa en un defecto de forma en la tramitación por parte de la Administración Central, que dejó caducar el expediente al superar el plazo legal de doce meses para emitir la resolución.
A pesar de esta victoria legal, la sentencia no exime de responsabilidad a la gestión municipal. El tribunal subraya que la anulación no se debe a una correcta justificación de los fondos por parte del Ayuntamiento, sino a la lentitud burocrática estatal. De hecho, el texto judicial revela una serie de negligencias en la gestión, especialmente durante el actual mandato de Gonzalo Pérez Jácome, aunque el primer pago de casi 1,2 millones de euros se ingresó en diciembre de 2015, con el popular Jesús Vázquez en la alcaldía.
Las obras de la Plaza de Abastos no comenzaron hasta enero de 2020. A pesar de las múltiples prórrogas solicitadas por el Ayuntamiento, la fecha límite improrrogable para justificar los fondos, fijada para el 7 de enero de 2021, fue incumplida. No fue hasta casi dos meses después, el 2 de marzo de 2021, cuando el Ayuntamiento intentó presentar la documentación, una maniobra que el Ministerio de Transportes rechazó por estar fuera de plazo. Este retraso motivó la reclamación inicial del Estado, que incluía más de 244.000 euros en intereses de demora, ahora anulados por la sentencia.
El tribunal declara que no procede hacer ningún pronunciamiento sobre la segunda anualidad de la ayuda solicitada.
Sin embargo, la recuperación de estos 1,4 millones contrasta con la pérdida definitiva de la segunda parte de la subvención, que ascendía a 2.363.470,22 euros. La Audiencia Nacional rechazó pronunciarse sobre esta segunda anualidad, argumentando que el recurso se limitaba a la devolución del primer pago. La pérdida de estos fondos se atribuye a una cadena de eventos iniciada en octubre de 2019, cuando la Intervención emitió un reparo suspensivo que impidió trasladar esta anualidad a otro ejercicio económico, bloqueando su abono. El 7 de octubre de 2020, el Estado comunicó formalmente la imposibilidad de realizar este segundo pago. La sentencia no es firme y admite recurso de casación.
