La propuesta de la UE contempla un recorte del 34% en los derechos gratuitos de emisiones para la cerámica, un hecho que podría suponer un impacto económico de hasta 160 millones de euros anuales para el sector del azulejo español y otros 50 millones para los esmaltes.

Organizaciones empresariales y empresas tanto de España como de Italia, principales productores europeos, junto con otros sectores manufactureros tradicionales como el carbón, el aluminio, el cobre, el cemento, la fundición, el vidrio, el químico y el papel, han presentado alegaciones a la consulta pública abierta por Bruselas. La principal reclamación es el establecimiento de un valor de referencia específico para la cerámica que tenga en cuenta su realidad tecnológica y frene el incremento de costes propuesto por la Comisión Europea.

El Gobierno italiano ya ha presentado su propia propuesta, mientras que España, Francia, Alemania y Estonia trabajan conjuntamente en el seno del Consejo de la Unión Europea para conseguir la implantación inmediata de este 'benchmark' sectorial.

Desde la industria cerámica española, concentrada principalmente en Castellón, se han presentado alrededor de treinta alegaciones. Entidades como Ascer, Anffecc, la Diputación de Castellón, los ayuntamientos de Onda y la Vall d'Uixó, así como una veintena de empresas del sector, han trasladado sus preocupaciones a Bruselas.

Desde Italia, el Ministerio de Medio Ambiente y Seguridad Energética, la patronal Confindustria y la región de Emilia-Romaña apoyan la iniciativa. También se han recibido alegaciones de diversos sectores industriales de otros países europeos como Alemania, Francia, Austria, Dinamarca, Suecia, Hungría, Polonia, Eslovaquia, Chequia, Países Bajos, Bulgaria, Bélgica y Portugal.

"El sistema corre el riesgo de pasar de ser un instrumento para incentivar la reducción de emisiones a un factor de aumento de los costes y pérdida de competitividad, sin beneficios medioambientales proporcionados", advierte Confindustria. La patronal italiana reclama a la Comisión Europea que congele temporalmente los valores de referencia para la asignación gratuita en los niveles de 2025, argumentando que los sectores con emisiones difíciles de reducir aún carecen de alternativas maduras y competitivas.

La industria europea de la cerámica, a través de Cerame-Unie, expresa su preocupación y considera que, hasta que la metodología de evaluación comparativa del sistema se adapte a la realidad tecnológica, la UE "debería suspender cualquier nueva reducción de los parámetros de referencia del RCDE", que ya son, de media, un 22,4% inferiores para la cerámica europea respecto a los valores de referencia del periodo 2013-2020.

Desde España, Ascer lidera las propuestas y solicita a la Comisión Europea el desarrollo de 'benchmarks' sectoriales específicos para aquellos sectores sin alternativas viables de descarbonización. Considera necesario que el reglamento establezca un marco jurídico claro, garantizando la seguridad jurídica y una aplicación del ETS coherente con los principios de viabilidad tecnológica y eficiencia económica.

El clamor de las industrias europeas es generalizado. Defienden la descarbonización, pero rechazan penalizaciones económicas que podrían provocar cierres empresariales, deslocalizaciones y una menor capacidad inversora en proyectos verdes.

La Comisión Europea ha abierto la puerta a la creación de 'benchmarks' específicos en una revisión del sistema de comercio de emisiones (ETS) prevista para julio. Mientras tanto, los gobiernos de España, Francia, Alemania y Estonia presionan en el Consejo para conseguir un valor de referencia propio antes de la modificación del ETS.