La magistrada Ana López-Suevos Fraguela considera que existen indicios sólidos de que los investigados lideraron una estrategia financiera para proteger el capital de la empresa frente a sus acreedores, incluyendo Hacienda, la Seguridad Social y los propios trabajadores.
Según el auto judicial, que asume las tesis de la UDEF y la Inspección de Trabajo, el grupo funcionaba con una "unidad de caja" donde los ingresos se desviaban a sociedades interpuestas para evitar embargos, perjudicando especialmente a los empleados que no cobraban sus nóminas.
La resolución señala que, mientras los empleados acudían al FOGASA, los directivos mantenían sus salarios a través de este circuito de cuentas. Entre las sociedades implicadas figuran Código Televisión SL, Anova Multiconsulting SA, Think First SL y la Asociación Agrupación Deportiva El Correo Gallego.
La investigación también salpica a las cónyuges de los directivos, María Fátima O.B. y María Carmen R.A., por indicios de conocimiento de la maniobra. También se investiga a Ricardo A.F. y la mercantil ASEMALI INVERSIONES S.L. por actuar como testaferros en el alquiler de la sede.
El auto detalla una deuda exigible de 961.849,33 euros a la Seguridad Social para Editorial Compostela S.A. en mayo de 2022, sumándose a otras obligaciones. La deuda con el personal en octubre de 2020 ya alcanzaba los 4,7 millones de euros.
