El Gobierno Vasco ha aprobado elevar las inversiones en la red eléctrica de distribución hasta los 153 millones de euros para 2027. Este incremento, que correrá a cargo del distribuidor i-DE Iberdrola, pasará de 110 a 143 millones de euros en 2027 para reforzar y digitalizar la red de distribución eléctrica de Euskadi. Sumando las inversiones en medidas e instalaciones financiadas por los clientes, la cifra superará los 153 millones.
Esto supone que las inversiones anuales planificadas en la red de distribución eléctrica en Euskadi se duplicarán en los últimos dos años. El Gobierno Vasco considera que este cambio de tendencia en la inversión prevista para 2027 debe ir acompañado de un marco regulatorio incentivador, adecuado para responder a las necesidades de la demanda eléctrica industrial prevista para los próximos años en Euskadi.
Esta inversión coincide con las actuaciones recogidas en la propuesta inicial del Ministerio para desarrollar la red de transporte de energía eléctrica a 2030, que se encuentra en trámite. La aprobación el pasado 28 de julio del Real Decreto que regula los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica en el Estado ha posibilitado esta subida de la inversión.
El Real Decreto da respuesta a la propuesta realizada por el Gobierno Vasco al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para incrementar las inversiones en las redes de transporte y distribución eléctrica de Euskadi. En concreto, el Gobierno Vasco comunicó al Ministerio que las inversiones previstas para 2027 eran "necesarias, pero insuficientes".
El Gobierno Vasco quiere asegurar que la red eléctrica vasca pueda desarrollarse al ritmo que exigen la descarbonización y la competitividad industrial de Euskadi. La mirada del Gobierno Vasco sigue puesta en la confirmación de nuevas inversiones para aumentar la capacidad de la red de transporte en el próximo quinquenio, para lo cual es necesario aprobar cuanto antes la planificación de la red de transporte a 2030.
Asimismo, el Gobierno considera fundamental desarrollar los aspectos regulatorios clave que permitan incrementar las inversiones ligadas al crecimiento de la demanda industrial y residencial, para mejorar la autonomía energética y la competitividad de los costes energéticos.
