La normativa, que modifica un decreto ley anterior, introduce un nuevo artículo que permite a los agricultores de los sistemas de explotación del Guadalete, Barbate, Campo de Gibraltar y Guadalhorce aplazar o fraccionar las cuotas correspondientes al año 2025. Aunque estos pagos se refieren al año pasado, su liquidación y abono se realizan en el presente, coincidiendo con una situación de tesorería compleja para muchas explotaciones agrícolas andaluzas.

Los beneficiarios podrán solicitar un aplazamiento de un año o un fraccionamiento de hasta dos años, a menos que indiquen un periodo inferior. Es importante destacar que no se exigirán garantías ni se aplicarán intereses de demora, y el plazo comenzará a contar una vez registrada la solicitud. Esta iniciativa busca proporcionar un alivio financiero inmediato, adaptando las obligaciones de los agricultores a la excepcional situación actual.

Las borrascas de finales de 2025 y principios de 2026 causaron importantes complicaciones en la actividad agrícola de ciertas áreas de Andalucía, provocando encharcamientos prolongados, daños en caminos de acceso a las explotaciones y desperfectos en los sistemas de riego. Estas circunstancias impidieron la realización normal de labores esenciales como la preparación de tierras, la siembra y el seguimiento de los cultivos, lo que ha derivado en pérdidas de producción y un aumento de costes que han afectado la economía de las empresas agrarias.

Esta medida de flexibilización para los pagos de 2025 se suma a la bonificación del 100% de las cuotas de 2026, ya establecida en un decreto ley aprobado en febrero de 2026 por la Junta de Andalucía. Dicha bonificación está destinada a los titulares de derechos al uso de agua para riego que sean beneficiarios de obras de regulación u otras actuaciones hidráulicas específicas en los ámbitos territoriales mencionados.