La modificación de la Ley 6/2025, que pretendía facilitar la inversión en vivienda a través de la Reserva Canaria de Inversiones (RIC) para paliar la emergencia habitacional, está generando numerosas dudas jurídicas. Estas incertidumbres dificultan que el instrumento fiscal alcance su máximo potencial, según se expuso en un foro organizado por Cajasiete y Prensa Ibérica.
El inspector de Hacienda del Estado, Roque Florido, detalló las novedades de la norma y los escollos existentes. La RIC, uno de los principales incentivos fiscales del Archipiélago, permite a las empresas reducir su base imponible hasta en un 90% al reinvertir beneficios en las Islas. Desde el año pasado, se amplió para incluir inversiones vinculadas a la puesta a disposición de vivienda en régimen de alquiler, bajo requisitos específicos.
Sin embargo, Florido criticó limitaciones como el plazo de mantenimiento del inmueble en arrendamiento, fijado en cinco años. A su juicio, tras este periodo, el parque inmobiliario subvencionado podría desvincularse de su finalidad social, orientándose a otros usos como la vivienda vacacional. También señaló como desacertada la inclusión de viviendas suntuarias, permitiendo que personas sin problemas de acceso a la vivienda puedan beneficiarse del incentivo.
Como aspecto positivo, el ponente valoró la exigencia de que las viviendas se alquilen en un plazo máximo de seis meses desde su adquisición, fomentando así su inmediata incorporación al mercado de alquiler a precios de mercado, a diferencia de lo que ocurría antes, cuando el ahorro fiscal ya rentaba sin necesidad de alquilar.
La jornada, presentada por el director general de Cajasiete, Luis Alberto Díaz Dorta, destacó el compromiso de la entidad financiera con las empresas, no solo en financiación sino también en acompañamiento y generación de conocimiento a través de estos foros.
Florido recordó que desde 2007 las actividades inmobiliarias en la RIC estuvieron muy restringidas por su intensidad en el uso del suelo. La modificación de 2025 amplía los supuestos, permitiendo la materialización directa en vivienda o a través de duda pública canaria destinada a financiar inversiones inmobiliarias en las Islas.
La medida busca aumentar el parque de viviendas para residencia habitual, no para alquiler turístico. La norma exige que la vivienda esté efectivamente arrendada en un plazo máximo de seis meses desde su adquisición o habitabilidad, para evitar operaciones meramente formales. El incumplimiento de este plazo impediría materializar la reserva.
Se prohíbe la vinculación directa o indirecta entre propietario y arrendatario, orientando el incentivo al mercado real. La vivienda debe mantenerse destinada al alquiler durante un mínimo de cinco años desde el inicio del arrendamiento efectivo. Las ausencias temporales se permiten si se formaliza un nuevo contrato en seis meses, aunque prolongarán el periodo de mantenimiento.
El concepto de vivienda se refiere a inmuebles para residencia habitual y estable, no a estancias ocasionales o turísticas. A pesar de la finalidad social, persisten dudas sobre la interpretación de 'domicilio habitual' en casos de estudiantes o traslados laborales, así como sobre el tratamiento de suelo, mobiliario y usos previos.
La directora de Empresas de Cajasiete, Esther Clemente Bello, subrayó que la RIC es una 'palanca de generación de riqueza y actividad en Canarias', permitiendo que el esfuerzo empresarial permanezca en el Archipiélago y reforzando la necesidad de apoyar a las empresas locales.
