La Intervención General ha emitido una alerta por el incumplimiento continuado del periodo medio de pago del Consistorio, que se sitúa por encima del límite legal desde abril de 2025. Los datos reflejan un incremento progresivo, alcanzando picos de hasta 68,49 días en abril del presente año.
La nueva interventora advirtió a principios de junio sobre este incumplimiento, que se ha mantenido durante varios meses consecutivos, a pesar de que la alerta formal solo se generó tras dos meses de superación del margen legal. Sin embargo, los últimos trece meses ya presentaban demoras.
El problema de la morosidad se concentra principalmente en dos sociedades municipales: la Sociedad de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa). Estas entidades arrastran retrasos significativos que impactan en las estadísticas generales.
La Sociedad de Promoción acumula incumplimientos desde julio de 2023, llegando a demoras máximas de hasta 167,76 días entre abril y junio de 2024. Geursa presenta una situación aún más crítica, con periodos de pago que han superado los 700 días en meses anteriores y que actualmente se sitúan en 83,98 días.
Estos retrasos institucionales no solo ponen en riesgo la autonomía fiscal del Ayuntamiento ante la Comunidad Autónoma y la pérdida de fondos estatales, sino que también obligan al pago de intereses de demora a los acreedores.
