El Ejecutivo ha decidido extender durante tres meses algunas de las medidas anticrisis aprobadas el pasado marzo, en respuesta a la situación generada por el conflicto en Irán. Estas acciones, junto con nuevas incorporaciones, suman un total de 1.825 millones de euros. A esta cifra se añaden 2.700 millones de euros procedentes de la rebaja hasta su completa eliminación del impuesto a la producción de energía eléctrica.
Sin embargo, la rebaja del IVA al combustible no ha sido prorrogada, siguiendo las recomendaciones de Bruselas. A partir del próximo 1 de julio, el tipo impositivo del combustible volverá al 21%, revirtiendo la medida que lo fijaba en el 10%. La rebaja del IVA a la luz, que ya decayó el 31 de mayo, también regresó al 21% un mes antes que la del combustible.
Se implementará una reducción progresiva de la ayuda al combustible para particulares. La bonificación de 20 céntimos por litro disminuirá a 15 céntimos en julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre, para desaparecer en octubre. No obstante, los agricultores, pescadores y transportistas mantendrán la bonificación de 20 céntimos por litro.
Se ha incluido una cláusula especial que reactivará automáticamente la ayuda de 20 céntimos por litro si el conflicto se recrudece y la inflación de los carburantes se dispara. Mensualmente se revisará el IPC respecto al año anterior, y si supera el 15%, se reactivarán las reducciones para electricidad y gas.
Adicionalmente, se reforzará el control y la transparencia sobre las estaciones de servicio por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La CNMC podrá publicar una lista de establecimientos con "comportamientos anómalos" si no reflejan la rebaja en el precio final.
Para impulsar la electrificación, se eliminará progresivamente el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica. La tasa, actualmente del 7%, se reducirá al 5% este año, al 3,5% en 2027 y se eliminará en 2028, lo que se espera que abarate la factura hasta un 6%.
Se ampliarán las ayudas directas a los agricultores para la compra de fertilizantes, con 165 millones de euros adicionales a los 500 millones ya destinados en marzo. Esta medida responde al drástico aumento de precios de los fertilizantes, vinculado al repunte del gas natural.
Otra medida aprobada es la prohibición de despidos para las empresas que se beneficien de ayudas vinculadas al conflicto de Oriente Medio.
