A partir del 1 de julio de 2026, la Unión Europea aplicará un arancel fijo de 3 euros a los paquetes de menos de 150 euros procedentes de fuera de la comunidad. Esta medida, sumada al debate en Canarias sobre la posible eliminación de la exención del IGIC para estas mismas compras online, podría duplicar el coste final de muchos productos, generando división entre consumidores y comerciantes.
La presidenta de la Asociación de Consumidores de Canarias (CONCA), Mónica Bethencourt, considera la medida un golpe al bolsillo del consumidor canario. Argumenta que los residentes de las islas recurren a estas plataformas no solo por el precio, sino también por la "falta de stock físico en las islas". Señala un agravio comparativo, ya que el arancel se aplicará igual a un consumidor peninsular con un IVA del 21% y a uno canario con un IGIC del 7%. "Cualquier cargo que pueda repercutir en el bolsillo de los consumidores nunca es una buena noticia", afirmó, destacando que el consumo local se ha vuelto un lujo para muchas familias canarias con salarios más bajos.
“"Cualquier cargo que pueda repercutir en el bolsillo de los consumidores nunca es una buena noticia, obviamente."
Desde la perspectiva empresarial, la vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Victoria González, califica la decisión europea como necesaria para "proteger al comercio europeo y al comercio local" de una competencia desleal. Según González, desde 2020 se han perdido 7.882 empresas canarias, un sector que emplea a 156.000 familias en el archipiélago. La regulación busca también abordar riesgos de seguridad y salud, ya que los paquetes sin control aduanero pueden contener materiales tóxicos o electrónica peligrosa, además de la huella de carbono del transporte masivo.
El impacto final para el comprador podría ser significativo. Si el Gobierno de Canarias elimina la exención fiscal, al precio del producto se sumarán el arancel de 3 euros, los costes de gestión aduanera y el 7% de IGIC. Esto podría hacer que las compras de bajo valor dejen de ser rentables. Sin embargo, esta medida permitiría que la recaudación del IGIC se quedara en las arcas canarias, beneficiando a los servicios públicos. Victoria González cuestiona el modelo actual: "¿Cómo vamos a estar regalándole nuestros impuestos a las plataformas asiáticas que no pagan el IGIC aquí en Canarias?".
La nueva normativa europea, transitoria hasta 2028, busca reequilibrar la competencia. El debate subraya la dificultad de conciliar la protección del comercio local con la defensa del poder adquisitivo de los consumidores en un contexto de salarios bajos y alta inflación. La decisión final de Canarias sobre el IGIC será crucial para el futuro del consumo en las islas.
