La adquisición de propiedades en las Canarias ha experimentado un aumento significativo en los costes asociados a los tributos. La recaudación por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y el de Actos Jurídicos Documentados (AJD) ha crecido cerca de un 20% en los últimos tres años, coincidiendo con un periodo de aguda emergencia habitacional y escalada de precios en el archipiélago.
Este incremento en la recaudación beneficia a las arcas públicas, pero dificulta el acceso a la vivienda para los ciudadanos canarios. Un informe de Ernst & Young señala que la acumulación de figuras fiscales en España vinculadas a la vivienda contribuye a su encarecimiento, siendo una anomalía en la Unión Europea.
En el primer trimestre del año, la Hacienda Canaria recaudó 88 millones de euros a través del ITP, un tributo que grava la compraventa de viviendas de segunda mano. Esta cifra representa un aumento del 13% respecto a 2023 y un incremento considerable si se compara con hace tres años, dado que el tipo impositivo general es del 6,5% del valor del inmueble.
Por su parte, el AJD, que grava la formalización de contratos notariales, aportó 24,9 millones de euros en el mismo periodo. Aunque se ha mantenido estable respecto al año anterior, la cifra ha aumentado un 45% en comparación con hace tres años, reflejando el impacto del valor de las propiedades en la recaudación.
Además de estos impuestos, las administraciones públicas obtienen ingresos a través de la plusvalía municipal y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Estas figuras fiscales, según el informe de Ernst & Young, contribuyen al encarecimiento de la vivienda nueva y dificultan el acceso, especialmente para los jóvenes.
