En 2025, la inversión total en atención a la dependencia en España ascendió a 13.734 millones de euros. Las comunidades autónomas financiaron el 72,6% de esta cifra, mientras que la aportación estatal representó el 27,4%. En el caso de Canarias, la inversión fue de 403,5 millones de euros, de los cuales el 74,8% provino de fondos autonómicos y el 25,2% de los estatales.
El archipiélago canario se posiciona como la séptima comunidad autónoma con mayor aportación porcentual al sistema de dependencia, solo superada por el País Vasco (85,3%), Navarra (81,4%), Baleares (81,3%), Comunidad Valenciana (77,7%), Asturias (75,8%) y Cataluña (75,2%). Por otro lado, La Rioja (59,8%), Castilla y León (63,3%), Andalucía (66%) y Galicia (67,1%) son las que menos porcentaje aportaron.
A pesar de su alta contribución porcentual, Canarias se encuentra a la cola en inversión por persona potencialmente dependiente en 2025, con 1.490 euros, cifra similar a la de Galicia. El País Vasco lidera este apartado con 3.102 euros, seguido de Extremadura (2.757), Baleares (2.632) y Navarra (2.578).
Además, el archipiélago es la tercera comunidad que menos invirtió por habitante en 2025, con 178,8 euros, menos de la mitad que las comunidades líderes en este indicador: País Vasco (479,8 euros), Extremadura (411) y Castilla y León (388).
El informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales destaca que el gasto medio anual por persona beneficiaria en España fue de 8.417 euros. Canarias se sitúa ligeramente por debajo de la media estatal, con 8.292 euros anuales por beneficiario.
Canarias ha aumentado su financiación para cumplir con los objetivos de mejora en la atención a su población dependiente, y se prevé que reciba 39 millones de euros en 2026. Ocho comunidades verán reducida esta aportación por 'mala gestión'.
“"Pocos asuntos de Estado alcanzan tanto consenso y son de tanta urgencia social como la atención a las personas en situación de dependencia. Sin embargo, después de casi 20 años la dependencia es un derecho pendiente. A pesar del avance que ha supuesto la ley, una de las políticas de Estado de mayor consenso, su potencial sigue sin desarrollar."
El informe también analiza la financiación del sistema público de dependencia, señalando que el peso de la financiación autonómica frente a la estatal ha fluctuado. Tras un incremento estatal en 2021, la aportación autonómica cayó un 13% entre 2020 y 2023. Sin embargo, en 2024 volvió a aumentar, aunque en 2025 desciende un 0,3%. La Administración General del Estado incrementó su gasto en dependencia en 185 millones de euros, además de 500 millones por la Ley ELA.
La asociación reclama un aumento anual de la financiación de al menos mil millones de euros para reducir las listas de espera, incrementar las cuantías de las prestaciones y mejorar las intensidades de los servicios.
