La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha formalizado los primeros convenios específicos del Plan de Modernización de Regadíos de Andalucía (Plan RegadíA). Estos acuerdos, firmados con once comunidades de regantes en seis provincias andaluzas, movilizan una inversión total de 138 millones de euros. Las actuaciones beneficiarán a más de 100.000 hectáreas y a un total de 14.500 regantes.
El consejero Ramón Fernández-Pacheco explicó que la distribución de los proyectos no se ha basado en criterios provinciales, sino en las propuestas presentadas por cada comunidad de regantes. "El resultado ha surgido así, como podía haber sido de ocho provincias o de cuatro nada más", señaló.
La secretaria de Estado de Agricultura, Begoña García Bernal, detalló que proyectos similares han permitido a las comunidades de regantes lograr ahorros de entre el 60% y el 70% en energía, lo que representa una reducción significativa de los costes de producción. En cuanto al uso del agua, se estima una mejora de la eficiencia de entre el 20% y el 30%.
Las obras contempladas se dividen en dos grandes líneas: eficiencia energética, principalmente a través de plantas solares fotovoltaicas, y modernización de infraestructuras hídricas, que incluyen la construcción y mejora de balsas de almacenamiento, renovación de redes de distribución, automatización del riego y sistemas de telecontrol. En algunos casos, se contempla el uso de aguas no convencionales, como aguas regeneradas o desaladas.
La obra con mayor presupuesto es la de la Comunidad de Regantes Genil-Cabra, con 32 millones de euros. La Balsa del Sapo en Almería dará servicio a 4.100 agricultores, siendo la que proyecta un mayor beneficio por regante. La Comunidad de Regantes del Bajo Guadalquivir en Sevilla modernizará la mayor superficie, con 41.727 hectáreas.
Los plazos de ejecución variarán según el tipo de obra; las de eficiencia energética son más rápidas que las de construcción de balsas. Todos los proyectos deben obtener la declaración de impacto ambiental del Ministerio de Transición Ecológica antes de ser licitados por SEIASA. Proyectos similares en otras comunidades han requerido entre 12 y 24 meses de obras.
La financiación de los 138 millones de euros se distribuye con un 50% a cargo de la Junta de Andalucía (fondos FEADER), un 20% a través de SEIASA y el 30% restante aportado por las propias comunidades de regantes.
