Este montante sitúa a Cádiz como la segunda provincia andaluza con mayor presupuesto de obra pública sin ejecutar, solo superada por Málaga, que acumula 168,3 millones de euros en proyectos paralizados. Por detrás se encuentra Sevilla, con 71,2 millones. En comparación con el resto de la comunidad, las cifras descienden significativamente, con Jaén registrando 38,7 millones, Córdoba 28,2 millones, Almería 25,8 millones, Granada 22,4 millones y Huelva 13,3 millones.
A nivel autonómico, los datos recopilados por una consultora especializada revelan que un total de 458,09 millones de euros quedaron sin adjudicar en Andalucía, al no encontrarse compañías dispuestas a asumir los proyectos. Esta situación es especialmente preocupante, ya que muchas de estas licitaciones cuentan con financiación de fondos europeos, lo que podría implicar la pérdida total de estas subvenciones si los plazos no se cumplen.
Entre las obras más destacadas que han quedado sin ejecutar en Cádiz, se encuentran el contrato con proveedores para los servicios de manipulación de cargas en Navantia Reparaciones Cádiz, valorado en 24 millones de euros. Tras quedar desierto, la empresa reformuló el modelo y lanzó un procedimiento más flexible. Otro proyecto significativo es la construcción del nuevo edificio administrativo de la Administración General del Estado en la Avenida de Andalucía, con un presupuesto de 15,4 millones de euros, que también quedó desierto en su primera licitación a pesar de recibir varias ofertas.
“"Que una licitación quede desierta no es solo un incidente administrativo: es un indicador de desajuste entre expediente y mercado."
Los retrasos no solo afectan a grandes infraestructuras, sino también a proyectos como los trabajos en viviendas protegidas de una empresa municipal, así como a otras iniciativas en puntos clave de la ciudad como el Teatro del Parque o la zona del Pelíkano, donde empresas adjudicatarias han renunciado a los contratos.
A nivel nacional, 2025 ha marcado un récord de concursos desiertos, con 9.819, lo que representa un aumento del 86,1% respecto a 2021, con un importe medio de 408.000 euros por licitación. Aunque la crisis actual en el mercado energético y de materiales de construcción agrava la situación, los expertos señalan que este desajuste entre las propuestas y la ejecución ya existía previamente. Una asociación de constructores independientes prevé un aumento de entre el 10% y el 25% en los precios de los materiales básicos, lo que complica la ejecución de contratos públicos y genera incertidumbre sobre futuros proyectos.
