Un estudio de Intescia-Doubletrade revela que las licitaciones públicas desiertas, aquellas sin ofertas o con propuestas que no cumplen los requisitos, han experimentado un notable incremento tras la pandemia. Este fenómeno, impulsado por la escalada de costes, está frenando significativamente la inversión pública en España.
A nivel nacional, se contabilizaron 9.819 concursos desiertos en las plataformas de contratación pública, sumando un valor de 4.011 millones de euros, lo que representa un aumento del 86,1% respecto a 2021. El importe medio por licitación fallida supera los 408.000 euros.
Andalucía se sitúa como la tercera comunidad autónoma con el mayor volumen de inversión no ejecutada, alcanzando los 458 millones de euros. Esta cifra refleja la dificultad de las administraciones para encontrar empresas que asuman los proyectos. Aunque muchos de estos contratos se vuelven a licitar, el hecho de que queden desiertos inicialmente subraya la tensión entre los intereses públicos y las condiciones del mercado. Por provincias, Málaga lidera con 168,3 millones sin ejecutar, seguida por Cádiz (89,9 millones), Sevilla (71,2 millones), Jaén (38,7 millones), Córdoba (28,2 millones), Almería (25,8 millones), Granada (22,4 millones) y Huelva (13,13 millones).
Entre los proyectos más destacados que quedaron desiertos se encuentra la construcción y explotación de un edificio de aparcamientos en Ronda, valorado en 56,7 millones de euros, que finalmente fue adjudicado tras una segunda licitación. También el contrato de suministro eléctrico e instalación de fotovoltaicas para la Universidad de Málaga, de 32 millones, que se adjudicó a una UTE por 42,2 millones tras reformularse. Otros ejemplos incluyen la rehabilitación de un edificio para residencia universitaria en Linares (Jaén) por 27 millones, un acuerdo marco para servicios de manipulación de cargas en Navantia Reparaciones Cádiz por 24 millones, y la construcción de un nuevo edificio administrativo en Cádiz por 15,4 millones.
La lista de licitaciones fallidas también incluye la concesión de terrenos para una residencia universitaria en Málaga (10,7 millones), el servicio integral de atención a personas sin hogar en Málaga (10,4 millones), la rehabilitación de la antigua fábrica de vidrio de La Trinidad en Sevilla (8,5 millones), la limpieza de colegios en Granada (7,8 millones) y la gestión de la cafetería de la Universidad de Almería (5,06 millones).
