El significativo aumento de los costes de construcción, impulsado por la crisis geopolítica en Oriente Medio, ha provocado que 43 obras públicas en la provincia de Córdoba queden desiertas en 2026. Estas actuaciones paralizadas suman un valor de 10,8 millones de euros y afectan a diversas administraciones, incluyendo la Junta de Andalucía, la Diputación y ayuntamientos locales.
A nivel andaluz, la situación es aún más alarmante, con 300 intervenciones sin adjudicatario, casi el doble que el año anterior y un valor de 116 millones de euros. El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) advierte que, sin un incremento en los presupuestos de licitación y fórmulas de revisión de precios, estas iniciativas no podrán ser atendidas por el mercado.
Entre los proyectos bloqueados en Córdoba, destacan dos de Emproacsa (Diputación) para la sectorización de redes de abastecimiento en la zona Norte (1.458.942,28 euros) y Sur (1.230.172,49 euros). Le sigue una actuación de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía para la adecuación del itinerario hacia el Salón Rico en Medina Azahara (977.624,90 euros).
Otros proyectos sin adjudicatario incluyen la construcción de una biblioteca municipal y salas de usos múltiples en Villa del Río (928.154,47 euros), la Sala de las Artes en el Parque Fidiana (619.588,55 euros), la ejecución de cuatro viviendas de protección oficial (VPO) en alquiler (583.462,54 euros) y la pavimentación de calles en Pozoblanco (504.310,84 euros).
El secretario general de Ceacop, Arturo Coloma, señala que la escalada de costes de materias primas como el betún (hasta un 50%), el acero corrugado y el hormigón (más del 15%), junto a un encarecimiento de la energía cercano al 47%, está obligando a las constructoras a reducir el ritmo de ejecución. Más del 50% de las obras adjudicadas sufren ralentizaciones significativas.
Ceacop exige al Gobierno central la aprobación de un real decreto para la revisión de precios y su incorporación en la Ley de Contratos del Sector Público. Argumentan que la falta de mecanismos para adaptar los contratos a circunstancias extraordinarias e imprevisibles provocará la paralización de obras, pérdida de inversión pública y graves problemas económicos para el sector.
