Esta decisión podría derivar en una reclamación económica superior a los 23 millones de euros contra la antigua concesionaria. La propuesta del equipo de gobierno se apoya en la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, dictada en el marco del caso Brugal, que concluyó que durante el proceso de licitación se produjo el uso de información privilegiada, otorgando una ventaja competitiva indebida a la unión temporal de empresas adjudicataria.
Aunque la concesión fue rescindida en 2012 y desde entonces el servicio se presta de forma directa por el Ayuntamiento, el consistorio considera que todavía existen consecuencias jurídicas y económicas pendientes. Entre ellas figura un procedimiento judicial iniciado por la antigua adjudicataria, que reclama cerca de 11 millones de euros por los perjuicios derivados de la resolución anticipada del contrato.
Los servicios jurídicos municipales sostienen que la sentencia penal introduce elementos suficientes para cuestionar la validez de la adjudicación original. El informe que acompaña la propuesta plenaria defiende que no correspondería reconocer compensaciones económicas basadas en un contrato cuya obtención estuvo condicionada por actuaciones declaradas ilícitas.
Además, el Ayuntamiento ha incorporado al expediente una valoración técnica de los costes que, a su juicio, ha tenido que asumir la administración local desde la extinción de la concesión. El documento cuantifica en 23,06 millones de euros los perjuicios económicos ocasionados, incluyendo los gastos derivados de la gestión directa y los recursos empleados para garantizar su prestación.
De prosperar la revisión de oficio, el consistorio no solo rechazaría la reclamación económica planteada por la empresa, sino que ejercería acciones para reclamar la citada cantidad a la antigua concesionaria. El acuerdo también contempla la apertura de un periodo de audiencia y exposición pública para presentar alegaciones.
La iniciativa coincide con la transformación del modelo de gestión de residuos. El pleno aprobó en 2025 que el servicio pasara a ser gestionado por la empresa municipal Servicio de Gestión Medioambiental (SGM), aunque la puesta en marcha definitiva aún no se ha materializado. Mientras tanto, se ha ejecutado un plan de modernización con la adquisición de una nueva flota de vehículos por cerca de 3,5 millones de euros y la sustitución de contenedores.
