Los proyectos afectan a terrenos de Novelda, Aspe, Monforte del Cid y Agost. Actualmente, se encuentran en fase de información pública, junto a sus estudios de impacto ambiental y solicitudes de autorización administrativa. El plazo para presentar alegaciones finaliza el próximo 25 de junio.
La entidad agraria argumenta que estas instalaciones pondrían en riesgo las inversiones realizadas por agricultores en modernización, como balsas de riego, infraestructuras hidráulicas y sistemas de riego localizado, muchas veces con apoyo público. También advierten de posibles efectos negativos sobre el empleo agrario, las empresas comercializadoras de uva de mesa y las comunidades de regantes.
La Unió defiende un desarrollo ordenado de las energías renovables, compatible con la actividad agrícola. Reclaman priorizar el autoconsumo energético y la instalación de paneles solares en cubiertas de edificios, polígonos industriales, espacios degradados y otras superficies no productivas. Consideran que la proliferación de grandes plantas fotovoltaicas sobre suelo agrario o forestal supone una presión añadida al mundo rural, que ya afronta problemas de rentabilidad, abandono y despoblación.
“"Nos quieren imponer grandes proyectos fotovoltaicos sin ningún tipo de racionalidad cuando habría que acercar la producción energética a las grandes áreas urbanas e industriales de consumo, con el objetivo de evitar las pérdidas y el impacto del transporte de la energía a grandes distancias."
“"No tiene sentido destruir terrenos agrícolas productivos, que generan empleo, riqueza y actividad económica en el medio rural, para instalar infraestructuras energéticas que podrían ubicarse perfectamente en otras zonas ya transformadas."
La organización agraria reclama a las administraciones públicas que defiendan el suelo agrario productivo y apuesten por un modelo energético que compatibilice la producción renovable con la conservación del territorio y la continuidad de la actividad agrícola.
