El puerto deportivo municipal [Marina de las Dunas (Madusa) de Guardamar del Segura llega a julio con el fin de la concesión de 30 años de la Generalitat](https://www.informacion.es/vega-baja/2026/03/29/guardamar-invertira-5-millones-de-euros-prorrogar-concesion-marina-deportiva-generalitat-128539830.html) sobre la mesa y con un conflicto abierto por las nuevas tarifas de amarre. Los usuarios con derecho de uso preferente sostienen que la empresa municipal Madusa les aplica una subida cercana al 70% para abaratar los amarres de tránsito. El concejal delegado Pablo de Miguel Pradillo defiende, por el contrario, que al extinguirse la cesión actual decaen los derechos preferentes y que durante el periodo transitorio debe aplicarse una tarifa común por superficie de lámina de agua, sin ánimo de lucro y sin que el Ayuntamiento asuma pérdidas.
Entre el final de la concesión y la eventual prórroga o nueva adjudicación debe mediar una autorización temporal de la Conselleria para que la gestora actual, que es el [Ayuntamiento de Guardamar](https://www.informacion.es/vega-baja/guardamar-del-segura/) a través de una empresa municipal, siga explotando el puerto. Esa autorización permitiría a Madusa continuar gestionando, pagando gastos y cobrando cuotas mientras se resuelve la nueva concesión.
El Ayuntamiento señala que el 75% de los 485 amarres son de cesionarios con derecho de uso preferente, pero ese derecho se extingue cuando acaba la cesión. A su juicio, esas personas pagaban menos porque hicieron una aportación inicial, pero ese periodo termina y, si quieren entrar en la nueva etapa de 15 años, tendrán que valorar si les interesa asumir una nueva inversión o quedarse como usuarios de tránsito.
La mayoría de cesionarios rechazan ese planteamiento. Para ellos la igualdad no puede consistir en bajar alrededor de un 50% a los amarres de tránsito y subir un 70% a quienes ya eran cesionarios. Su propuesta es mantener a los cesionarios las cuotas actuales, actualizadas con un 3%, y encarecer algo más las nuevas tarifas de tránsito para que el reparto no recaiga sobre los antiguos titulares de derechos preferentes.
El Ayuntamiento trabaja con la previsión de un proceso de autorización temporal entre el final de la concesión vigente y una nueva concesión o prórroga de 15 años para el que va a presentar un plan de viabilidad con una previsión de inversiones de cinco millones de euros. Añade Pradillo que la intención es presentar el proyecto y el estudio de viabilidad de forma que el trámite dure lo menos posible. "Entregárselo totalmente preparado a la Generalitat para que resuelva cuanto antes", indicó a INFORMACIÓN. También sostiene que no contempla que la Generalitat saque el puerto a concurso, porque entiende que el proyecto municipal cumple las condiciones necesarias para continuar.
La polémica no está tanto en la continuidad inmediata del puerto, sino en las tarifas que Madusa quiere aplicar durante ese periodo. El Consejo de Administración de Madusa se reunió el 28 de mayo y aprobó nuevas tarifas mensuales de amarre para el periodo posterior al fin de la concesión -con los votos favorables de los consejeros del PSOE y la abstención del PP, sin que acudiera el regidor de Vox-. Esas tarifas fueron comunicadas por correo a los usuarios. Madusa habría tomado como base los ingresos de 2025 por cuotas de amarres, unos 760.000 euros, los habría actualizado con un 3% hasta situarlos en torno a 783.000 euros y después los habría repartido entre la superficie total de lámina de agua de los amarres.
El resultado sería una cuota mensual por metro cuadrado. El regidor señala que con autorización temporal, no se pueden mantener diferencias entre usuarios. Por eso defiende una “tarifa plana” por metro cuadrado de lámina de agua, calculada en función de la eslora y la manga de cada embarcación. Según su explicación, el objetivo es mantener los ingresos previstos, “para no ganar ni perder”. Para los usuarios de tránsito, que antes pagaban tarifas más altas, el nuevo sistema supondría una rebaja importante. Para los cesionarios, que durante años han pagado cuotas menores porque abonaron una cantidad inicial al comienzo de la concesión, el nuevo reparto implica una subida que el abogado cifra en torno al 69% o 70%.
Los principales usuarios del puerto Deportivo cuestionan esa subida como "abusiva" si consideran los servicios, su juicio muy deficientes, que reciben en especial por la carencia de servicios, estado de las instalaciones y en especial las limitaciones de navegación por la falta de calado de la bocana. Los usuarios tienen prevista una reunión este mismo sábado. Y van a plantear que si Madusa no reconsidera las tarifas antes del vencimiento en julio, propone que los cesionarios dejen de pagar. Incluso menciona la posibilidad de organizar una consignación judicial de rentas para evitar problemas jurídicos. Ese mismo sábado los cesionarios tienen prevista una reunión para debatir qué hacer ante esta decisión municipal.
Otra cuestión importante -y que está también en el trasfondo del malestar entre los cesionarios- es el subarriendo de amarres. Los cesionarios aseguran que el reglamento de explotación permitía subarrendar el derecho de uso preferente con autorización expresa de [Madusa](https://www.marinadelasdunas.es/). Sin embargo, también reconoce que la empresa municipal puede dejar sin efecto esas autorizaciones antes del fin de la concesión. A partir de ahí, calcula que solo unos 139 titulares con embarcación propia en amarre de cesión quedarían en la situación que se pretende proteger con las cuotas actuales; el resto de amarres pasarían a tratarse como tránsito al desaparecer las autorizaciones de subarriendo.
El concejal, por su parte, aclara que la eliminación de los subarriendos no es una posibilidad. Va a ser una realidad. Señala que nunca han estado autorizados expresamente -y en ningún caso por la Generalitat que ahora es muy restrictiva con el hecho de que los titulares de los puntos de amarre y lámina de agua sean quienes figuran administrativamente- pero admitió que se trata de una situación histórica consentida porque cuando arrancó la andadura del puerto: el miedo inicial era a que los amarres quedaran vacíos y se permitió que un solo cesionario acaparara varios. Ese subarriendo se ha convertido en un negocio lucrativo para algunos cesionarios. Señala el concejal que no volverá a permitirse ni durante la autorización temporal ni en la futura concesión.
El concejal Miguel Pradilla y los cesionarios coinciden en un punto. Las limitaciones de calado de la bocana del puerto deportivo por la acumulación de sedimentos es la principal limitación de estas instalaciones y resolverla debe ser una prioridad. Para los veleros y barcos de eslora y calado mediano salir o entrar a los pantalanes del puerto deportivo se ha convertido en una maniobra de riesgo. De forma periódica aparecen las imágenes de las embarcaciones varadas por falta de calado. El puerto deportivo se construyó modificando la margen derecha de la desembocadura del río Segura. Una zona donde la acumulación de sedimentos del propio río y los temporales de levante es una constante.
El Ayuntamiento ha trasladado a los usuarios que en el momento que se culmine el actual dragado del cauce viejo y comience el del nuevo la administración local quiere aprovechar la presencia de la maquinaria para contratar la draga de Acciona ya presente en la zona y adjudicar un dragado de emergencia que permita contar con un pasillo de calado de más de dos metros. Pablo de Miguel Pradillo señala una de las aportaciones del informe de viabilidad económica que se presenta a la Generalitat incorpora la adquisición de una minidraga para llevar a cabo los trabajos de dragado de forma continua sin depender de trabajos extraordinarios. Señaló que para el previsto ahora ya se han analizado los sedimentos, porque, además hay que tener en cuenta los impactos ambientales. Los lodos que se extraen, en función de sus características, pueden emplearse para regenerar playas, rellenar parcelas o acabar en vertederos autorizados por la presencia de metales pesados -esta última opción es la más cara-. Los usuarios dudan de que esa propuesta puesta en marcha antes del mes de julio.
