El sector agrario valenciano, y en particular las comunidades de regantes, afrontan un escenario complejo debido a la escalada de precios energéticos. Esta situación, debatida en el reciente congreso de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España en Ciudad Real, pone en peligro la sostenibilidad de muchas explotaciones, especialmente aquellas con infraestructuras más antiguas que dependen del gasóleo.
Pascual Broch, presidente de la Comunidad de Regantes de Vila-real, ha destacado que los pequeños pozos de riego con sistemas menos modernizados son los más expuestos a la volatilidad energética. En estos casos, el incremento del precio del gasóleo ha disparado los costes hasta en un 50%, afectando directamente a la rentabilidad en zonas de secano o en áreas del interior de la provincia de Castellón donde estos sistemas son habituales.
“"El encarecimiento del gasóleo ha disparado los costes hasta en un 50% en los pequeños pozos de riego con infraestructuras más antiguas, afectando directamente a la rentabilidad de las explotaciones."
Por el contrario, las grandes comunidades de regantes, con más del 90% de suministro eléctrico y contratos estables, han logrado contener mejor el impacto. La futura entrada en vigor de la doble potencia eléctrica para el regadío en España a principios de 2026 permitirá una mayor adaptación a la demanda y una mejor gestión de los costes. En el caso de Vila-real, el coste eléctrico se sitúa alrededor de los nueve céntimos por kilovatio hora, reduciendo el impacto de las oscilaciones del mercado.
La transición hacia energías renovables es vista como una solución clave para la sostenibilidad del regadío. En la provincia de Castellón, ya hay proyectos en marcha. La Comunidad de Regantes de Vila-real, presidida por Pascual Broch, está ultimando un proceso de digitalización y una transformación integral basada en la energía solar, con una inversión de dos millones de euros financiada por la Generalitat para abastecer con fotovoltaica los tres cabezales principales de riego. Esta iniciativa no solo reducirá costes, sino que también mejorará la gestión agronómica y optimizará el control de las infraestructuras. Además, participan en un proyecto piloto de agrovoltaica en cítricos.
Otros ejemplos incluyen las plantas solares flotantes en balsas de riego en Moncofa y el proyecto del Ministerio de Agricultura en la Vall d'Uixó, con 4,57 millones de euros, para maximizar el uso de agua residual y reducir costes con dos plantas fotovoltaicas. La Comunidad de Regantes del Pantano de María Cristina también tramita una actuación de más de 8,5 millones de euros para un sistema de bombeo fotovoltaico. Estas iniciativas demuestran la búsqueda del sector para reducir la dependencia del mercado energético y avanzar hacia un modelo más competitivo y sostenible.
Sin embargo, la resiliencia ante la electricidad no evita otro gran problema: el encarecimiento de los fertilizantes. El bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita una parte significativa de la urea y el amoniaco, ha disparado los precios desde el inicio de la guerra en Oriente Medio. Los agricultores están asumiendo sobrecostes que rondan el 30% en fertilización, reduciendo márgenes y dificultando la planificación de la campaña. Las comunidades de regantes reclaman medidas urgentes para mitigar el impacto y garantizar la sostenibilidad de la actividad agraria, advirtiendo de una posible menor producción agrícola y un impacto en los precios de los alimentos si no se actúa pronto.
