Esta situación se puso de manifiesto en la sesión del Comité Ejecutivo de Confecomerç celebrada el miércoles, según ha informado la entidad este jueves en un comunicado. Los autónomos y microempresas constituyen la base del tejido económico y social valenciano, generando empleo estable, dinamizando los municipios y garantizando servicios esenciales a la ciudadanía.
No obstante, el contexto actual, marcado por la subida de costes, la incertidumbre económica y una elevada carga fiscal, está poniendo en riesgo la continuidad de muchas actividades. A las obligaciones fiscales estatales se suman impuestos autonómicos, tasas municipales y una creciente complejidad administrativa, que afectan de manera desproporcionada al comercio y a los autónomos, cuya capacidad económica y margen de gestión son limitados. Esta situación es especialmente preocupante en sectores con ingresos irregulares o estacionales, muy presentes en la economía valenciana.
“"Con semejante realidad, el comercio y el trabajo autónomo padece de forma injusta una mayor dificultad para mantener la actividad y el empleo y una menor capacidad de adaptación, inversión y modernización."
Desde Confecomerç ya se valoraron los avances hacia una mayor equidad fiscal, como la cotización por ingresos reales, pero su aplicación práctica está generando tensiones de liquidez, adelantos fiscales y mayor carga burocrática, dificultando la planificación y la estabilidad de los negocios más pequeños. La causa más directa de esta grave situación está en la inflación y la no deflactación del tramo estatal del IRPF.
Según datos de la Agencia Tributaria de 2024, quienes trabajan por cuenta propia pagaron un tipo medio de IRPF del 21,73% por los beneficios obtenidos, frente al 17,31% que afrontaron las pymes en el Impuesto de Sociedades. En los últimos siete años, los autónomos han incrementado un 25% el tipo medio que asumen, mientras que la subida para las pymes ha sido del 3%, según Confecomerç. Esta situación desincentiva el emprendimiento y el relevo generacional, con el consiguiente riesgo de cierre de comercios clave para la cohesión social y urbana.
Para aliviar esta carga, Confecomerç ha propuesto medidas como una fiscalidad autonómica adaptada al pequeño comercio, una revisión del tramo autonómico del IRPF para favorecer las rentas procedentes del trabajo autónomo y del pequeño empresario, y una ampliación de deducciones fiscales autonómicas vinculadas al mantenimiento de la actividad, la modernización, la digitalización y la sostenibilidad. También plantean incentivos fiscales específicos para autónomos y comercios ubicados en barrios, centros urbanos y municipios con riesgo de despoblación.
Además, solicitan flexibilidad y apoyo a la liquidez, aplazamientos y fraccionamientos de impuestos autonómicos con condiciones más favorables, y medidas que tengan en cuenta la estacionalidad de muchas actividades comerciales y de servicios. Finalmente, piden una reducción de cargas administrativas y tasas, así como la simplificación real de los trámites administrativos autonómicos.
