El conflicto entre el Ayuntamiento de Alicante y la Cámara de Comercio por la nueva sede de la entidad podría estar cerca de resolverse. El consistorio ha otorgado una licencia a la operadora del centro de negocios Panoramis para restaurar la legalidad en la planta de los antiguos cines, donde se ubica la sede de la Cámara. Esta solución también afecta a otras dos empresas que deben ajustarse a los requisitos municipales, y al Restaurante Dársena, que debe eliminar una terraza ilegal.
Desde la Cámara de Comercio esperan analizar el decreto de la licencia antes de hacer valoraciones, pero la noticia les suena favorable. Para poder hacer uso de la nueva sede y acceder a los 1,5 millones de ayudas de la Generalitat Valenciana, la Cámara deberá cumplir con lo que estipula la licencia. El uso de la sede, especialmente la planta inferior sin debate urbanístico, podría ser factible a partir del próximo septiembre.
La concesión de la licencia a Digital Corner, la actual operadora del espacio, pone fin a parte de las críticas que la Cámara, a través de su presidente Carlos Baño, había expresado sobre el trato recibido por el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante. La solución es global, ya que beneficia también a otras dos empresas que, presuntamente, habrían infringido la normativa urbanística al ampliar una planta ilegalmente.
La resolución establece un plazo de seis meses para restaurar la legalidad infringida. Digital Corner, como firmante de los contratos de alquiler, es quien debe instar a los tres afectados a "reponer el material de lo indebidamente ejecutado y de los elementos ilegalmente construidos". La no ejecución de estas reparaciones podría implicar la no utilización del espacio o su desalojo.
Carlos Baño deberá ser coherente con su defensa previa de desbloquear la situación y buscar una salida conjunta con Digital Corner, una postura que el ayuntamiento ya contempló el pasado noviembre. El Ayuntamiento aplica la misma solución que dio al Casino Mediterráneo, requiriendo una licencia de obra mayor en lugar de una declaración responsable.
Esta solución, amparada por el Plan de Usos del Puerto de Alicante, depende de la Autoridad Portuaria para la ampliación de la capacidad en el Plan de Usos, mientras que la disciplina urbanística recae en el consistorio.
