Según el informe mensual de precios de alquiler de pisos.com, Madrid lidera la clasificación con una tarifa de 21,82 €/m². Le siguen las Baleares (19,12 €/m²) y Cataluña (16,82 €/m²). En el lado opuesto, Extremadura (7,04 €/m²), Castilla y León (7,57 €/m²) y La Rioja (7,87 €/m²) presentan los precios más bajos.
En comparativa mensual, Castilla y León experimentó el mayor incremento (1,75%), mientras que Cataluña registró el mayor descenso (-1,84%). A nivel interanual, Castilla y León también lideró las subidas con un 23,9%, siendo Navarra la única comunidad donde los precios descendieron (-0,05%).
Por provincias, Madrid encabezó la lista de las más caras (21,82 €/m²), seguida de Baleares (19,12 €/m²) y Barcelona (18,88 €/m²). Ourense fue la provincia más económica (5,27 €/m²), por delante de Ávila (5,54 €/m²) y Jaén (5,65 €/m²). Valladolid tuvo el mayor incremento mensual (4,2%), y Girona el mayor descenso (-3,01%).
En las capitales de provincia, Barcelona fue la más cara (30,06 €/m²), seguida de Madrid (29,41 €/m²) y Donostia-San Sebastián (21,36 €/m²). Palencia y Huelva compartieron el precio más bajo (7,35 €/m²), seguidas de Zamora (7,40 €/m²).
El precio medio nacional de la vivienda en alquiler se situó en 14,82 €/m² en julio, un 0,07% más que el mes anterior y un 9,45% más que en julio de 2025.
“"El alquiler está sometido a una presión estructural que difícilmente va a desaparecer a corto plazo, en un contexto marcado por una mayor demanda y una menor disponibilidad de viviendas."
Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, señala que la situación no solo afecta al precio, sino que también 'aumenta la competencia entre inquilinos, se acortan los tiempos de decisión y se endurecen las condiciones de acceso'.
“"El problema 'no es solo cuánto cuesta alquilar, sino quién puede acceder al alquiler y en qué condiciones'."
Respecto a los propietarios, Font considera simplista señalarlos como 'único beneficiado', ya que, aunque la escasez de vivienda les da poder en zonas de alta demanda, también afrontan costes de mantenimiento, fiscalidad, gastos de comunidad, seguros y un entorno normativo que incrementa la percepción de riesgo.
