Tres de cada cuatro propietarios de viviendas en alquiler en Madrid tienen previsto aumentar las rentas o retirar sus inmuebles del mercado convencional una vez concluyan los contratos actuales. Este dato, extraído de un estudio de Fotocasa Research de febrero de 2026, sitúa a la región madrileña a la cabeza de España en esta tendencia, superando a comunidades como Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana.
La consultora atribuye esta inclinación a las regulaciones del mercado del alquiler, especialmente al límite en la actualización de precios impuesto por el Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV). A nivel nacional, el portal estima que un 68% de los arrendadores planea elevar las rentas o sacar sus propiedades del alquiler tradicional al finalizar los contratos vigentes.
En Madrid, un 24% de los propietarios asegura que establecerá un precio más alto al renovar o volver a alquilar su inmueble. Adicionalmente, un 19% buscará inquilinos con mayor capacidad económica para poder exigir rentas más elevadas. Ambas estrategias buscan un incremento en los ingresos por alquiler.
A estas intenciones de subir precios se suman otras decisiones que reducirán la oferta disponible en el mercado convencional. Un 12% de los arrendadores considera vender la vivienda, un 8% prevé alquilar las habitaciones de forma individual y un 6% destinará el inmueble al alquiler vacacional. Estas opciones, en conjunto, fragmentan aún más un mercado ya tensionado.
El informe dibuja un escenario de mayor presión sobre la oferta en una comunidad donde la demanda de alquiler ya es especialmente intensa.
Si estas decisiones se consolidan, el mercado madrileño podría experimentar un encarecimiento o un cambio de destino de una parte significativa del parque de viviendas actualmente disponible, lo que agravaría la búsqueda de hogar para los inquilinos.
Desde una perspectiva territorial, Madrid lidera este comportamiento con el 72% de propietarios que planean actuar al término de sus contratos. Le siguen Cataluña, con un 68%, y Andalucía y la Comunidad Valenciana, ambas con un 67%.
