La normativa, que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y deberá ser convalidada por el Parlamento de Canarias, busca adaptar las disposiciones estatales a la singularidad fiscal del archipiélago. El paquete de actuaciones responde a la necesidad de reforzar el escudo socioeconómico en una región ultraperiférica, especialmente vulnerable a las fluctuaciones económicas globales.

El coste inicial de estas medidas se estima en 29,8 millones de euros, cifra que podría ascender a 60 millones anuales si la crisis se prolonga. La justificación de este decreto ley radica en el impacto inmediato del conflicto en los precios de la energía, combustibles, transporte y bienes básicos, afectando gravemente a sectores clave como el transporte, el turismo, el sector primario y la industria.

Entre las acciones destacadas, se establece la aplicación temporal del tipo cero del IGIC a productos energéticos como combustibles derivados del petróleo, gas, biomasa y leña. Esta medida, con un coste estimado de 14,1 millones de euros anuales, busca contener el aumento de precios y reducir la carga económica para familias y empresas. Adicionalmente, se incrementa hasta el 99% la devolución del Impuesto Especial sobre combustibles para agricultores y transportistas, lo que representa un coste de 19,4 millones de euros anuales.

Para apoyar a las familias, el decreto amplía la lista de productos básicos con IGIC cero, incluyendo ahora la sal, la mantequilla y el café, con un impacto económico de 3,2 millones de euros anuales. En cuanto a los autónomos, la norma eleva a 50.000 euros el límite de facturación anual para acogerse al régimen especial del pequeño empresario en el IGIC, reduciendo cargas fiscales y administrativas, con un coste estimado de 12,5 millones de euros para el año en curso.

Finalmente, se destina una partida extraordinaria de 7,2 millones de euros para apoyar al sector industrial y primario canario, compensando el incremento de costes energéticos y de producción. El Gobierno de Canarias enfatiza que este decreto ley permite una respuesta inmediata y adaptada a las particularidades del archipiélago, asegurando la eficacia de las ayudas en un contexto de gran incertidumbre global.