Los ingresos procedentes del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD) generaron 71 millones de euros adicionales para las arcas autonómicas, estableciendo un nuevo máximo histórico. Esta cifra contrasta significativamente con los menos de 270 millones recaudados una década antes, evidenciando un crecimiento constante con pocas fluctuaciones, según los datos de liquidación presupuestaria del Ministerio de Hacienda.

La relevancia de este tributo para la hacienda gallega es tal que su recaudación supera el presupuesto anual de consellerías como la de Economía e Industria (357 millones) o la suma de las de Mar (226 millones) y Medio Ambiente e Cambio Climático (168 millones).

El ITP-AJD grava la compra de bienes de segunda mano, incluyendo inmuebles (viviendas, garajes, trasteros) y vehículos. Su incremento refleja la expansión del mercado inmobiliario y automovilístico, tanto en volumen de operaciones como en el precio de los bienes. En 2025, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana cifró las compras acumuladas de inmuebles de segunda mano en 28.220, un 9% más que en 2024. El Instituto Nacional de Estadística, con metodología diferente, también confirmó esta tendencia ascendente con 19.947 transacciones de vivienda usada.

Este aumento de la actividad va parejo a una notable subida de los precios. Durante 2025, el valor de la vivienda en Galicia se incrementó cerca de un 13% en un solo año, el mayor ascenso desde antes de la crisis inmobiliaria de 2008. La demanda sigue fuerte, impulsada por compradores de vivienda habitual e inversores, lo que genera problemas de acceso para una parte de la población. El precio del metro cuadrado en Galicia alcanzó los 1.196 euros en 2025 (1.544 euros para pisos y 787 euros para unifamiliares), un 4,7% más que en 2024, acumulando diez años consecutivos de subidas y un incremento total del 39% en este periodo. Aun así, el precio actual se mantiene por debajo del máximo histórico de 1.340 euros registrado en 2008.

A partir del próximo año, la Xunta bonificará el 100% del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en las viviendas protegidas. Esta medida fiscal busca fomentar la construcción de este tipo de inmuebles, aunque se espera que su impacto en la recaudación sea limitado debido al bajo volumen de operaciones con viviendas protegidas.