El Gobierno gallego busca revitalizar la política minera de la comunidad, centrándose en los materiales críticos esenciales para la industria europea. Ante la creciente demanda de recursos estratégicos en sectores como la defensa, la automoción y el aeroespacial, la Xunta prepara un nuevo concurso de derechos mineros que tendrá un impacto significativo en la provincia de A Coruña. Este plan exigirá a las empresas promotoras la presentación de planes sociales vinculados al territorio.

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, informó en el Parlamento gallego que en las próximas semanas se licitarán derechos de explotación sobre minas con presencia confirmada de recursos. Esto permitirá solicitar directamente la concesión para yacimientos de oro, wolframio y estaño. Entre los proyectos destacados se encuentran la mina de Corcoesto, con tres derechos mineros en Cabana de Bergantiños, Ponteceso y Coristanco para oro y hierro; la mina de San Finx, en Lousame, para wolframio y estaño; y la mina de Santa Comba, que también abarca los municipios de Coristanco y Cabana de Bergantiños, para wolframio.

Según los datos presentados, estas explotaciones podrían movilizar recursos naturales por cerca de 7.000 millones de euros, atraer 200 millones de euros en inversión directa y generar más de 250 empleos directos y 750 indirectos. La conselleira subrayó que Galicia posee 18 de los 34 materiales críticos identificados por la Unión Europea, lo que la sitúa en una "posición de oportunidad" que no debe desaprovecharse.

Como novedad, la Xunta introducirá la exigencia de planes sociales financiados con un porcentaje de los beneficios de cada proyecto. Estos planes deberán adaptarse a la realidad de cada comarca y serán diseñados con la participación de la ciudadanía, incluyendo medidas para la juventud, la formación, el retorno de población, el apoyo a los mayores y la diversificación económica. La conselleira recalcó que estos planes no serán un mero trámite, sino un factor determinante en la valoración de las ofertas y en la viabilidad de los proyectos.

La oposición, representada por el BNG y el PSdeG, criticó el modelo propuesto por la Xunta. El BNG acusó al Gobierno gallego de poner los recursos de la comunidad al servicio de empresas de capital exterior y de vender el territorio "a precio de saldo". Por su parte, el PSdeG reprochó la falta de planificación industrial y denunció un "caos eólico". En contraste, el PPdeG defendió la gestión, afirmando que Galicia es una de las comunidades con mayor crecimiento gracias a su industria.