La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado los recursos presentados por la Xunta, Greenalia y la Asociación Eólica de Galicia, anulando así la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de 2023 que suspendía el proyecto del parque eólico de Bustelo. El tribunal gallego había considerado que existía una fragmentación ilegal del proyecto, una tesis que ahora el Supremo rechaza.

El Alto Tribunal basó su decisión en los argumentos ya aplicados en marzo de 2025 en un caso similar, el del parque Campelo, también entre Santa Comba y Coristanco. El Supremo señaló que los motivos expuestos en ambos recursos de casación eran idénticos y las cuestiones de interés casacional objetivo también. Esta sentencia anterior sirvió para reafirmar la postura del Supremo sobre la tramitación ambiental realizada por la Administración autonómica.

El tribunal evaluó la tramitación de la Xunta recordando que "el hecho de que dos o más instalaciones de parques eólicos compartan instalaciones de conexión no implica, de manera ineludible, que exista un único proyecto a efectos de su evaluación ambiental". Por lo tanto, en el caso de Bustelo, el Supremo considera que procede reafirmar los criterios jurisprudenciales ya fijados.

En consecuencia, el Supremo considera que la sentencia del Tribunal Superior de Galicia se apartaba de la doctrina jurisprudencial establecida y no se ajustaba a derecho, por lo que fue revocada. Se confirma así la legalidad del acuerdo administrativo que autorizó el parque eólico de Bustelo, con una potencia de 45 megavatios y una inversión prevista de 45 millones de euros. La resolución del TSXG, que había estimado un recurso de la organización ecologista Adega, quedó sin efecto.

Tanto este fallo del Supremo como una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 2025, que dio la razón a la Xunta en la tramitación de parques eólicos al no considerar obligatorio hacer públicos los informes sectoriales, fueron acogidos con satisfacción por el sector eólico. Aseguran que se abre la puerta al desbloqueo de proyectos que estaban suspendidos cautelarmente por el TSXG, aunque decenas de parques siguen paralizados por motivos ambientales.

En este contexto, la nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG, María Azucena Recio González, apartó al magistrado Luís Villares de la sección tercera de la Sala, que había paralizado numerosos proyectos eólicos, para trasladarlo a la sección cuarta. Estos movimientos, que afectan a cuatro magistrados, han sido recurridos ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).