Esta situación, agravada por el contexto internacional, pone en serias dificultades al sector de la obra pública, que advierte de un desajuste significativo entre los costes reales de ejecución y los presupuestos establecidos en las licitaciones.
Un claro ejemplo de esta problemática es el contrato para el refuerzo estructural de un pabellón polideportivo en Riba-roja de Túria, valorado en 60.000 euros, que no ha recibido ninguna oferta. El alcalde de la localidad, Robert Raga, ha subrayado la necesidad de revisar los precios, ya que esta tendencia ha afectado a numerosas infraestructuras.
“"Es una obra pequeña, relativamente: son 60.000 euros, pero hay mucho trabajo en la construcción y los precios se tienen que revisar."
Las empresas optan por no presentarse a estos concursos para evitar riesgos económicos inasumibles, una decisión que impacta especialmente en proyectos de reconstrucción post-dana. Raga ha alertado que, si la inflación y los precios continúan al alza, será imprescindible una revisión generalizada.
El presidente de la Federación de Contratistas de Obras de la Comunitat Valenciana, José Luis Santa Isabel, ha detallado incrementos alarmantes: el betún ha subido un 30% (200 euros la tonelada), el hormigón ha aumentado 16 euros por metro cúbico en el primer trimestre, y el acero ha crecido treinta céntimos. En total, los costes han subido entre un 20% y un 25% en el último año, con un aumento acumulado que supera el 50% desde 2020 en algunos casos.
“"Necesitamos esta reconversión porque la alternativa es que empecemos a ver muchas obras desiertas o abandonos de obras, y eso no lo quiere nadie."
Ante esta situación crítica, el sector exige al gobierno central un decreto que permita la revisión de precios tanto en los contratos en ejecución como en los futuros, para evitar el abandono de obras y garantizar la viabilidad de los proyectos.
