Así lo ha manifestado Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo, durante su comparecencia en la Asamblea de Madrid. La consejera detalló las iniciativas fiscales autonómicas destinadas a mitigar las repercusiones económicas del conflicto, criticando la postura del Presidente del Gobierno por, a su juicio, “utilizar un conflicto para dividir más a los españoles”.

Albert advirtió que el impacto de estas medidas se reflejará en el PIB regional, que experimentará un crecimiento menor. Subrayó que Madrid refinanció su deuda antes del inicio del conflicto, lo que le confiere una mejor capacidad de adaptación ante las posibles consecuencias económicas. No obstante, alertó sobre el incremento de costes en sus proyectos, como el Plan Vive o la ampliación del Metro de Madrid, que han visto subir sus precios hasta un 23%.

La consejera también destacó el aumento desproporcionado en el precio de los materiales de construcción, lo que genera un “riesgo real de que algunas licitaciones queden desiertas”. Además, mencionó que los fertilizantes han escalado un 45%, afectando al sector primario y, en última instancia, a los precios que abonan los consumidores.

El impacto se extiende a los servicios sociales, afectando a residencias de mayores, centros de día, centros de discapacidad, transporte escolar y comedores. Estos servicios, que atienden a los ciudadanos más vulnerables, ven cómo el coste se traslada directamente al “bolsillo de los hogares”.

Albert defendió que Madrid ha gestionado sus finanzas “con la casa en orden” y se ha anticipado a “posibles turbulencias” mediante la refinanciación de su deuda, lo que ha supuesto un ahorro de “millones de euros”. Sin embargo, criticó al Gobierno de España por no actualizar las entregas a cuenta, que son cruciales para financiar los servicios públicos de los madrileños, a pesar de atribuirse el mérito de las medidas anticrisis.