El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 estimó que esta moratoria extraordinaria impacta en un millón de contratos a nivel nacional. Aunque no hay cifras municipales oficiales, los indicadores sugieren que en la ciudad del Lérez la cifra podría superar los 2.000 alquileres.
Una parte significativa de estos contratos se corresponde con las fianzas depositadas en el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) entre marzo de 2021 y diciembre de 2022. Estos contratos, salvo excepciones legales, deberían finalizar cinco años después, coincidiendo con el intervalo previsto por el decreto, que abarca las rentas con vencimiento entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.
El Real Decreto-ley permitía a los inquilinos solicitar una extensión del alquiler de hasta dos años, que el arrendador debía aceptar salvo en casos específicos, y limitaba la actualización anual de la renta a un máximo del 2%. No obstante, el Congreso rechazó convalidar esta normativa el pasado 28 de abril, lo que provocó su decaída automática y abrió un periodo de incertidumbre sobre su aplicación.
“"La norma ha sido creadora de caos jurídico."
La aplicación del decreto parece garantizada para los contratos que vencieron durante su vigencia, pero no para el resto, donde todavía no hay consenso. Se espera que, sin un nuevo ajuste normativo, muchos de estos casos terminen en los tribunales, dejando en manos de los juristas la interpretación del alcance de la medida. Una abogada especializada en derecho inmobiliario de Pontevedra señaló que la regulación ha generado confusión y un “caos jurídico”.
Según el Observatorio de Vivienda, se registraron más de 1.900 fianzas en la ciudad durante el período relevante, y aunque hubo rescisiones, también existen contratos no contabilizados, lo que sitúa la cifra real de afectados alrededor de los 2.000. El parque inmobiliario de alquiler en Pontevedra creció un 10% en dos años, pasando de 5.243 fianzas en 2023 a 5.780 en 2025, según el Instituto Galego de Estadística (IGE). El importe medio de los alquileres en marzo fue de 686 euros, un 35% más que hace cinco años.
