La sentencia establece un marco más restrictivo para el acceso a plazas fijas, limitándolo a aquellos empleados que, sufriendo abuso de temporalidad, hubieran superado previamente un proceso selectivo sin obtener plaza por falta de vacantes. Para el resto de los afectados, el fallo abre la puerta a compensaciones económicas que podrían alcanzar los 10.000 euros, aunque sin garantizar la continuidad en el puesto de trabajo.
Los datos oficiales señalan que el impacto es significativo en Ourense, donde la tasa de temporalidad en las administraciones locales roza el 50%. Entre los afectados se encuentran más de mil trabajadores laborales de la Xunta de Galicia, además de miles de operarios de ayuntamientos y de la Diputación de Ourense.
“"La Administración termina pagándose a sí misma con fondos públicos; es un movimiento de dinero de un bolsillo a otro que no soluciona el fraude."
El dictamen se centra exclusivamente en el personal laboral, por lo que, por el momento, quedan excluidos los colectivos sujetos al derecho administrativo, como el personal estatutario de sanidad y los funcionarios interinos de la Xunta, cuya situación sigue pendiente de una unificación de criterio judicial.
