El proyecto, que prevé extenderse a lo largo de 180 kilómetros desde Escatrón hasta la Secuita, ha recibido miles de alegaciones. Los detractores alertan de que la infraestructura, que atravesará 28 municipios, supondrá una nueva cicatriz en el territorio y cuestionan un modelo energético que, según denuncian, prioriza los beneficios de las grandes compañías por encima de las necesidades locales.

Desde las organizaciones agrarias se ha criticado que la instalación hipotecará el futuro de muchas explotaciones, limitando la capacidad de desarrollo de las fincas afectadas. Los opositores reclaman alternativas como el soterramiento de las líneas y una apuesta más decidida por las comunidades energéticas locales, descentralizadas y con una mayor participación ciudadana.

Por su parte, la empresa promotora defiende que la línea es un eje estratégico necesario para la descarbonización y la electrificación de la industria química del Camp de Tarragona. La entidad asegura que mantendrá un proceso de diálogo con el territorio para consensuar el trazado definitivo de la infraestructura.