Hasta el año 2021, millones de paquetes de grandes plataformas de comercio electrónico llegaban a Europa sin tener que pagar el IVA si su coste era inferior a los 22 euros. Esta situación generaba una ventaja competitiva desleal respecto a los comercios locales. Desde entonces, todas las importaciones están sujetas al pago del IVA.

Ahora, la Comisión Europea quiere ir más allá con nuevas propuestas. Una de las medidas incluye la introducción de una tasa de tramitación de 2 euros por cada envío que llegue a la Unión Europea. Además, se plantea suprimir la exención arancelaria de 150 euros para los paquetes de pequeño valor, con el objetivo de evitar que los vendedores dividan artificialmente los pedidos para eludir impuestos.

Estas iniciativas también buscan reforzar el control sobre productos que a menudo se fabrican en condiciones poco sostenibles, fomentando un consumo intensivo en transporte, residuos y emisiones, o con malas prácticas laborales. Las plataformas actuales reducen costes evitando los controles de calidad y las garantías exigidas a los fabricantes europeos, lo que provoca una competencia desleal hacia el comercio de proximidad, que suele ofrecer una mayor calidad y un servicio posventa adecuado.

Estas plataformas a menudo no proporcionan información adecuada al consumidor y han comercializado productos sin advertir de sus riesgos para menores o mediante tácticas publicitarias agresivas. La Comisión no tendrá problemas para encontrar buenas propuestas para destinar la recaudación obtenida con estas tasas, ni vigilantes que fiscalicen su uso. Por ejemplo, Pimec Tarragona sugiere que los fondos se destinen a financiar la digitalización del comercio de proximidad, una idea que se considera excelente.

Habrá que estar atentos, sin embargo, a que estas medidas no limiten la libertad del consumidor para elegir dónde y cómo comprar, evitando restricciones excesivas que puedan reducir el acceso a ofertas más competitivas o a una gama más amplia de productos.