Esta infraestructura, equivalente a la potencia de tres reactores nucleares, es esencial para avanzar en la descarbonización del polo petroquímico, fomentar nuevos proyectos industriales y asegurar el suministro energético ante la creciente demanda. Su impacto va más allá de grandes inversiones como la gigafactoría de Móra la Nova o la Ecoplanta de El Morell, ya que también resolverá la saturación de la red de distribución que afecta a numerosas empresas y residentes de la región.
La necesidad de este proyecto, sin embargo, no exime la importancia de un proceso transparente, democrático y conectado con la ciudadanía. La presentación de más de 17.000 alegaciones ha evidenciado una sociedad implicada y movilizada. No obstante, una parte minoritaria de estas alegaciones corresponde a propietarios directamente afectados por la línea, con demandas específicas sobre sus fincas.
En este sentido, es positivo el consenso aparente con los vecinos directamente afectados y la predisposición de Redeia, que ya se ha reunido con el 40% de los afectados y se ha mostrado abierta a escuchar y ofrecer respuestas individualizadas.
Tarragona tiene ante sí una oportunidad de oro y aprovecharla requiere equilibrio: atender a los afectados, escuchar a la sociedad y, al mismo tiempo, no renunciar a infraestructuras clave para su desarrollo. Estamos en la dirección correcta.
El resto de alegaciones plantean debates legítimos sobre el modelo energético y territorial, que deben ser escuchados. Sin embargo, el bloqueo no es constructivo, y estas cuestiones deben abordarse en el ámbito político, donde se definen las grandes decisiones estratégicas y donde ya se estableció la necesidad de esta línea. Tarragona tiene una oportunidad única y su aprovechamiento exige un equilibrio entre la atención a los afectados, la escucha a la sociedad y la no renuncia a infraestructuras esenciales para su desarrollo.
