Más de un año después de que la Comisión Europea concediera una subvención de 205 millones de euros al proyecto TarraCO2, impulsado por Repsol y planificado a unos 45 kilómetros de la costa de Tarragona, el Gobierno de España sigue sin otorgar el permiso necesario para evaluar su viabilidad. Esta situación genera inquietud, ya que otras regiones europeas avanzan en infraestructuras similares, esenciales para la descarbonización de sectores industriales con altas emisiones.
“"Hay una urgencia para la captura de CO2 y para avanzar en procesos de almacenamiento de CO2 [como TarraCO2], donde estamos totalmente de acuerdo."
El Departament d'Empresa i Treball comparte la visión de los sectores industriales, como la química, las cementeras y la siderurgia, que ven un riesgo real de perder esta oportunidad. La importancia de esta infraestructura, que sería la primera de España, se ha acentuado con la asignación de 187 millones de euros a Tarragona en el último Perte de descarbonización, representando cerca del 40% de las ayudas totales.
La inversión de 382 millones de euros de la empresa Cemex en Alcanar para descarbonizar su cementera, con 172 millones de euros provenientes de las ayudas Perte, aumenta la presión para acelerar los proyectos de captura y almacenamiento de CO2. Además, la industria química catalana, especialmente la de Tarragona, es considerada estratégica para la autonomía de la Unión Europea.
La presidencia rotatoria de Catalunya en la European Chemicals Region Network (ECRN), que agrupa a 17 regiones, otorga al Govern una posición clave en el comité de dirección de la Alianza de Productos Químicos Críticos. Esta influencia se quiere aprovechar para asegurar que el polo petroquímico de Tarragona, el más grande del sur de Europa, sea incluido en la lista de centros de producción protegidos.
