La problemática surge de la combinación de la falta de liquidez y errores administrativos, que han impedido a algunos arroceros recibir fondos cruciales. Sin estas aportaciones, los agricultores se ven incapaces de afrontar los costes de la nueva temporada, agravando una ya delicada situación económica.
Desde el sindicato agrario Unió de Pagesos, se ha hecho un llamamiento al Departamento de Agricultura para implementar medidas excepcionales. La propuesta principal es que los impagos de deudas se descuenten directamente de las subvenciones aprobadas, en lugar de paralizarlas o denegarlas completamente. Esta solución permitiría a los agricultores mantener la liquidez necesaria para continuar con su actividad y evitar el abandono de los campos.
“"Cuando no pagas, no te pagan los recursos con los que prevés estar cubierto y es un poco una injusticia, porque el campesinado no es que no quisiéramos pagar, no nos lo facilitan."
Uno de los casos que ejemplifica esta situación es el de un agricultor que, tras perder el 90% de la cosecha de arroz en 2023 debido a la sequía y las restricciones de agua, sufrió retrasos en el pago de cuotas de la seguridad social. A pesar de haber liquidado la deuda posteriormente, se le ha suspendido parte de la ayuda de la PAC, con el argumento de que debería haber presentado un recurso con la documentación adecuada.
El responsable de la sectorial del arroz de Unió de Pagesos ha subrayado que, aunque la administración pueda actuar dentro de la legalidad, se trata de un número reducido de casos (aproximadamente un 3% de los expedientes) que requieren un tratamiento más flexible e individualizado. Ha recordado que los retrasos en los pagos de las subvenciones por parte de la administración también son habituales, generando una carga adicional para los agricultores que sí cumplen con sus obligaciones.
