La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal examinará la normativa aprobada por la Autoridad Portuaria en diciembre de 2022. El auto judicial, emitido el pasado 20 de julio, señala que las cuestiones planteadas superan el ámbito del caso concreto y tienen relevancia para la interpretación de la Ley de Puertos y la normativa europea vigente.
El conflicto legal se centra en cuatro puntos clave del Pliego de Prescripciones Particulares. Entre ellos, se encuentra la distinción entre la habilitación profesional y el nombramiento para operar en un puerto específico, así como la determinación del momento exacto en que comienza la prestación del servicio de practicaje.
Asimismo, el recurso aborda la potestad de la Autoridad Portuaria para fijar tarifas máximas en servicios voluntarios y el régimen de bonificaciones aplicado a las líneas regulares de transporte de pasajeros y vehículos entre las islas. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias había desestimado previamente la demanda en octubre de 2025, validando la regulación actual.
Mientras el Tribunal Supremo resuelve la casación, el pliego de condiciones se mantiene plenamente vigente. La resolución final podría confirmar la sentencia anterior o corregir aspectos específicos sobre la gestión y los costes de las maniobras portuarias.
