La Seguridad Social continuará aplicando penalizaciones a los trabajadores canarios que decidan adelantar su jubilación, incluso si han cotizado durante 40 años. El Ejecutivo ha justificado su decisión en el alto coste económico que implicaría eliminar estos recortes, estimado en 3.358 millones de euros anuales para el sistema público de pensiones.

Esta medida afecta tanto a la jubilación anticipada voluntaria, con un coste estimado de 1.354 millones de euros, como a la involuntaria (derivada de despidos o causas ajenas a la voluntad del trabajador), que supondría 2.013 millones de euros. El impacto económico es especialmente significativo en las pensiones más altas, donde los recortes son más pronunciados.

A pesar de haber cotizado durante largas carreras laborales, quienes elijan retirarse antes de la edad legal establecida (entre 65 y 67 años, según el caso) seguirán sufriendo una disminución permanente en su prestación. La jubilación anticipada voluntaria permite adelantar el retiro hasta dos años, y los coeficientes reductores pueden disminuir la cuantía mensual entre un 3% y un 21%, dependiendo de la antelación.

La reciente reforma de pensiones modificó el cálculo de estos coeficientes, aplicando recortes por meses en lugar de trimestres, lo que intensifica el impacto en la pensión final. Por ello, muchos trabajadores analizan cuidadosamente si les compensa adelantar su retiro o esperar a la edad ordinaria para evitar pérdidas económicas permanentes.