Según los últimos datos de la Seguridad Social, las altas en la jubilación demorada ya representan el 12,7% del total, una cifra que contrasta con el 4% registrado antes de la última reforma. Este fenómeno se atribuye a la normativa actual, que ofrece ventajas financieras a quienes prolongan su carrera profesional.
La jubilación demorada se define como el acceso a la pensión en una fecha posterior a la edad ordinaria legal. A cambio de este esfuerzo adicional, el Estado otorga recompensas financieras que pueden cobrarse de diversas maneras, reguladas por el artículo 210 de la Ley General de la Seguridad Social.
“"El trabajador recibe un 4% adicional en su base reguladora por cada año completo de demora."
Los incentivos incluyen un aumento porcentual del 4% en la base reguladora por cada año completo de demora, un pago único que puede incrementarse un 10% si se superan los 44 años y medio de cotización, o una fórmula mixta que combina ambas opciones. A partir del tercer año de retraso, los incentivos se flexibilizan, permitiendo computar periodos de seis meses para obtener un 2% adicional.
Para el año 2026, los requisitos para acceder a la pensión ordinaria son 65 años para quienes hayan cotizado al menos 38 años y tres meses, y 66 años y diez meses para quienes no alcancen dicha cifra de cotización. Cualquier trabajador que se mantenga en su puesto más allá de estos límites entrará automáticamente en la modalidad de jubilación demorada.
En Canarias, donde el coste de la vida y la estructura laboral presentan desafíos específicos, la jubilación demorada se presenta como una opción para garantizar una mayor capacidad adquisitiva durante la vejez. La posibilidad de recibir un pago único en lugar de un aumento mensual permite a muchos pensionistas afrontar gastos imprevistos o ayudar a sus familias directamente.
