La medida, publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), encomienda a los inspectores de Comercio y Consumo la tarea de recabar datos y documentos relacionados con los costes de los combustibles. Esta actuación se realiza en apoyo a las funciones de defensa de la competencia de la Viceconsejería de Economía e Internacionalización, que carece de personal inspector propio.
Las inspecciones podrán incluir el requerimiento de documentación, la identificación del responsable de la estación de servicio, la recepción de información solicitada y la elaboración de actas. Los inspectores también custodiarán temporalmente la documentación antes de remitirla al órgano competente.
El personal inspector deberá identificarse con su acreditación profesional y actuar bajo una orden administrativa específica para cada actuación. La resolución aclara que la encomienda en sí misma no permite solicitar documentación, sino que cada requerimiento debe estar respaldado por una orden concreta.
La función de los inspectores se limitará a la recogida de documentación y al reflejo de los hechos e incidencias observados en las actas. No podrán iniciar expedientes sancionadores ni valorar posibles infracciones a la normativa de competencia.
