La reciente resolución del Tribunal Supremo, que declaraba la obligatoriedad del registro único de arrendamientos turísticos para propietarios de viviendas vacacionales a partir del 1 de julio, ha sido recibida con alivio y satisfacción por las autoridades canarias. El Gobierno de Canarias, que había presentado un recurso similar al de Valencia, ve estimada ahora su postura por el Alto Tribunal, lo que abre la posibilidad de reclamaciones económicas para miles de propietarios afectados.
La Asociación de la Vivienda Vacacional de Canarias (Ascav) ha celebrado el fallo, señalando que permite a los propietarios reclamar tanto las tasas pagadas a los registradores por darse de alta en un registro ahora anulado, como la responsabilidad patrimonial por los daños y lucro cesante sufridos al no poder comercializar sus propiedades en plataformas como Airbnb. La presidenta de Ascav, Doris Borrego, indicó que el fallo 'endereza el rumbo desorientado que marcó el Gobierno de España'.
El Gobierno de Canarias, al igual que Valencia, argumentaba que el registro único estatal invadía competencias autonómicas, dado que ya existían registros turísticos regionales y las comunidades autónomas tenían la potestad de otorgar licencias, generando así inseguridad jurídica. Canarias está a la espera de la resolución de su propio recurso ante el Supremo.
El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, expresó su satisfacción, aunque lamentó el dinero y tiempo perdidos por ciudadanos y administraciones. 'Si las cosas se hubieran hecho bien desde el principio, se hubiera atendido a las comunidades autónomas y se hubiera tenido en cuenta al Consejo de Estado, que advirtió que este registro invadía competencias, nos hubiéramos ahorrado mucho tiempo y dinero todos', afirmó.
A partir de ahora, aquellos propietarios que no se registraron ya no tienen que hacerlo. Quienes completaron el proceso sin inconvenientes pueden continuar su actividad, y aquellos que fueron rechazados podrán volver a comercializar sus viviendas en plataformas de alquiler vacacional, siempre que cumplan con el registro de la comunidad autónoma y posean su número de identificación canario. 'El número, la matrícula de la vivienda es la que da el registro canario', recordó Rodríguez.
Por otro lado, Rodríguez confirmó que Canarias no se opone a la ventanilla única digital contemplada en el Real Decreto 1312/2024, considerándola un instrumento útil para la coordinación administrativa. No obstante, advirtió de que su funcionamiento actual es deficiente y reclamó medidas para su correcta operación.
