La inversión educativa en Canarias caerá al 3,82% del PIB en 2027

La Plataforma por el 5% alerta de un retroceso histórico que acumulará un déficit de 790 millones de euros.

Imagen genérica de libros y monedas representando la inversión en educación.
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Imagen genérica de libros y monedas representando la inversión en educación.

El Gobierno de Canarias prevé reducir la inversión pública en educación hasta el 3,82% del PIB en 2027, alejándose del objetivo legal del 5% y acumulando un déficit de 790 millones.

La Plataforma por el 5% en educación ha denunciado que los presupuestos autonómicos para el próximo ejercicio consolidan una tendencia a la baja en la financiación del sistema educativo. Según los datos extraídos del Plan Presupuestario a Medio Plazo, la inversión pasará del 4,07% actual a un 3,82% en 2027, una cifra que la entidad califica como un retroceso sin precedentes.
El análisis de la entidad señala que, mientras el PIB regional experimenta un crecimiento, la partida destinada a la enseñanza sufre un recorte interanual del 2,23%. Esta divergencia impide alcanzar el umbral del 5% establecido por la normativa canaria, lo que, según los cálculos de la plataforma, supondrá un déficit acumulado de 790 millones de euros para el sistema público.

"Cada año de incumplimiento del 5% condena a una generación de canarios a menor calidad educativa, mayor precariedad laboral y menos oportunidades vitales."

la Plataforma por el 5% en educación
La organización rechaza los argumentos de estabilidad presupuestaria y cumplimiento de las reglas de gasto europeas, calificándolos de excusas. Advierten que este recorte agravará problemas estructurales como el abandono escolar temprano, que afecta al 15,9% del alumnado, y la falta de recursos para la atención a la diversidad y la formación profesional.
Ante esta situación, la entidad exige al Ejecutivo regional una rectificación inmediata del plan presupuestario. Proponen un incremento mínimo de 250 millones de euros para revertir la tendencia y devolver la inversión educativa a la senda del 5%, subrayando que la educación debe ser tratada como un derecho fundamental y no como una variable de ajuste económico.