Las compras online de bajo coste en plataformas internacionales como Shein, Temu o AliExpress se enfrentan a cambios significativos. La Unión Europea implementará a partir del 1 de julio de 2026 un arancel fijo de 3 euros para los paquetes con un valor inferior a 150 euros que provengan de fuera del territorio comunitario. A esta medida se suma el debate en Canarias sobre la posible supresión de la exención del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) para estos mismos pedidos.
Esta situación genera dos visiones contrapuestas. Por un lado, la presidenta de la Asociación de Consumidores de Canarias (CONCA), Mónica Bethencourt, califica la medida como una mala noticia para el consumidor canario. Argumenta que los residentes en las islas a menudo recurren a estas plataformas por la falta de stock físico local y no solo por el precio. Señala un agravio comparativo, ya que el arancel se aplicará por igual a un consumidor peninsular con un IVA del 21% y a uno canario con un IGIC del 7%. Bethencourt destaca que, con salarios más bajos, el consumo local se ha vuelto un lujo para muchas familias canarias, empujándolas hacia plataformas con precios ultracompetitivos.
“"Cualquier cargo que pueda repercutir en el bolsillo de los consumidores nunca es una buena noticia, obviamente."
Desde la perspectiva empresarial, la medida es vista como un paso necesario. Victoria González, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, considera que la decisión de Europa busca proteger al comercio local de una competencia desleal. Señala que desde 2020 se han perdido 7.882 empresas canarias, un sector que emplea a 156.000 familias en el archipiélago. González también incide en los riesgos para la seguridad y la salud, ya que los paquetes sin control aduanero pueden contener productos tóxicos o electrónicos peligrosos, además de apuntar a la huella de carbono del transporte de millones de paquetes individuales.
El impacto para el comprador podría ser considerable. Si el Gobierno de Canarias elimina la exención fiscal, al precio del producto se sumarán el arancel de 3 euros, los costes de gestión aduanera y el 7% de IGIC. Esto podría hacer que compras de bajo valor dejen de ser rentables. Sin embargo, esta medida implicaría que la recaudación del IGIC se quedaría en las arcas canarias, beneficiando a los servicios públicos. Victoria González cuestiona el modelo actual de "regalar nuestros impuestos a las plataformas asiáticas", mientras que Mónica Bethencourt, aunque de acuerdo en regular el comercio electrónico, critica la falta de sensibilidad de la administración canaria hacia los consumidores.
La nueva normativa europea, transitoria hasta 2028, busca reequilibrar la competencia. El debate pone de manifiesto la dificultad de conciliar la protección del comercio local con la defensa del poder adquisitivo de los consumidores en un contexto de bajos salarios y alta inflación. La decisión final de Canarias sobre el IGIC será clave para el futuro del consumo en las islas.
