La inseguridad jurídica derivada de esta decisión judicial ha llevado a los inversores a adoptar una postura de cautela. Según representantes del sector, la incertidumbre sobre la viabilidad definitiva de los proyectos está afectando directamente a la toma de decisiones y, por extensión, a la estabilidad del empleo en la isla.
Desde la patronal de la construcción en la provincia oriental se ha reclamado un análisis técnico riguroso que permita subsanar las deficiencias señaladas por el TSJC. El objetivo es evitar un efecto dominó que comprometa las autorizaciones administrativas actualmente en trámite y frene el desarrollo de nuevas infraestructuras.
“"Cuando saltan alarmas de este tipo, la tendencia lógica es a quedarse quietos."
Por su parte, el Cabildo de Gran Canaria ha manifestado que el plan mantiene su vigencia mientras la sentencia no sea firme, preparando un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Mientras tanto, el sector subraya la importancia estratégica de la industria de los áridos, alineada con las directrices europeas, y advierte sobre la dependencia del exterior en un contexto de emergencia habitacional.
