La vivienda protegida se ha convertido en un eje central para abordar el acceso a un hogar en Canarias, una comunidad que enfrenta una intensa presión sobre su mercado inmobiliario. En los últimos siete años, las administraciones públicas han licitado obras destinadas a este fin por un valor total de 4.035 millones de euros. Esta cifra subraya el esfuerzo por incrementar el parque residencial asequible y satisfacer una demanda en constante crecimiento.
Según el último informe del Observatorio de Vivienda y Suelo, dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, durante 2025 se finalizaron 137.330 viviendas a nivel nacional. Este volumen representa el dato más alto en años y señala una recuperación del ritmo en la actividad constructora tras un periodo de desaceleración sectorial.
En Canarias, la escasez de oferta de vivienda asequible es uno de los principales problemas sociales y económicos. El crecimiento poblacional, la alta demanda residencial y la presión del mercado turístico han dificultado durante años el acceso a una vivienda, especialmente para jóvenes y familias con ingresos medios. El incremento de las licitaciones de vivienda protegida es crucial para que el archipiélago pueda ampliar su parque público y desarrollar proyectos adaptados a las necesidades actuales, reduciendo así la dependencia del mercado privado cuyos precios de compra y alquiler son motivo de gran preocupación.
La inversión de 4.035 millones de euros en actuaciones de vivienda protegida marca un cambio de tendencia respecto a años anteriores, cuando la construcción de vivienda pública había disminuido significativamente tras la crisis inmobiliaria. El objetivo actual es aumentar la oferta disponible para contener la presión sobre los precios, siendo una herramienta clave para facilitar nuevas promociones destinadas a quienes enfrentan mayores dificultades en el mercado libre.
La actividad constructora en general también muestra signos de recuperación, con 137.330 viviendas finalizadas en 2025, el mayor número en varios años. Este incremento, tanto en promociones privadas como públicas, permite aumentar la oferta residencial en un contexto de alta demanda nacional. Para Canarias, cualquier aumento de la oferta tiene un impacto significativo debido al desequilibrio existente entre la oferta y las necesidades reales de la población.
A pesar de estos avances, los expertos advierten que el déficit de vivienda no se solucionará a corto plazo. La creación de nuevas promociones requiere tiempo, suelo urbanizable, financiación y colaboración interadministrativa. Las limitaciones territoriales de Canarias, junto con el aumento de los costes de construcción y la alta demanda en municipios tensionados, añaden complejidad. Por ello, las políticas de vivienda protegida siguen siendo fundamentales para ofrecer hogares a precios inferiores a los del mercado libre.
El acceso a la vivienda es un reto primordial para la sociedad canaria. Las inversiones reflejadas en el informe del Observatorio de Vivienda y Suelo demuestran una creciente implicación institucional. El desafío ahora es convertir estas licitaciones en viviendas terminadas que ofrezcan soluciones reales. El aumento de la actividad constructora en 2025 es una señal positiva, y para Canarias, la combinación de nuevas promociones, inversión pública y vivienda protegida será determinante para equilibrar un mercado bajo una enorme presión.
