Seis meses después del anuncio inicial, la Consejería de Empleo ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) las bases reguladoras para estas subvenciones. Las medidas buscan aliviar la presión sobre los pequeños negocios en un archipiélago que superó los 146.000 trabajadores autónomos a finales de 2025, destacándose como una de las comunidades con mayor crecimiento en el país.
En el ámbito de la conciliación, los autónomos podrán recibir hasta 1.100 euros al mes para contratar a una persona que los sustituya durante periodos de baja por nacimiento, adopción, acogimiento, o riesgo durante el embarazo y la lactancia. Esta ayuda puede alcanzar un máximo de 8.800 euros en casos de riesgo. Además, si el autónomo decide mantener a la persona sustituta con un contrato indefinido, podrá optar a una ayuda adicional de 7.500 euros, que se incrementará a 9.000 euros si el trabajador pertenece a colectivos prioritarios como mayores de 45 años, desempleados de larga duración o personas con discapacidad.
La orden también contempla una ayuda de hasta 3.000 euros para cubrir el 75% de los gastos de guarderías, centros de cuidado, campamentos vacacionales y otros recursos de conciliación. Esta medida incluye servicios fuera del horario lectivo y gastos de comedor, siempre que estén desglosados en la factura, buscando apoyar a los autónomos con hijos pequeños, mayores o personas dependientes a su cargo.
Adicionalmente, el programa + Uno 52 ofrece 5.000 euros por cada contrato indefinido a jornada completa para personas de 52 años o más, una cifra que puede ascender a 6.000 euros en municipios con menos de 10.000 habitantes. Para acceder a esta ayuda, el autónomo no debe haber tenido empleados en los seis meses previos a la contratación, y el empleo debe mantenerse al menos durante un año. El objetivo es facilitar la primera contratación y reincorporar al mercado laboral a un colectivo con dificultades de acceso.
“"En nuestra tierra hay que hablar de autónomos de manera distinta que en el resto del territorio nacional."
Estas iniciativas buscan abordar dos problemas clave en la economía canaria: la vulnerabilidad de los autónomos ante las obligaciones familiares y las dificultades de los desempleados de larga duración de cierta edad para reincorporarse al mercado laboral. El Gobierno de Canarias, bajo la presidencia de Fernando Clavijo, pretende que la conciliación no represente un castigo económico y que la primera contratación no sea una barrera insuperable para los pequeños negocios.
