Las Islas Canarias están a punto de poner fin al desperdicio de energía renovable. El Gobierno central trabaja en definir las cantidades que recibirán quienes se dediquen al almacenamiento de los excedentes generados por las tecnologías eólica y fotovoltaica. El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, ha calificado esta iniciativa de "clave" y "necesaria".
Durante el pasado año, los vertidos de energía limpia no aprovechada alcanzaron el 15% en el Archipiélago, llegando hasta el 20,3% en Gran Canaria. Esta energía desaprovechada tuvo que ser cubierta con generación convencional, más contaminante.
La proliferación de parques eólicos desde 2018 ha incrementado la potencia renovable instalada en las Islas por encima del 30%. Sin embargo, la cobertura de la demanda con fuentes renovables apenas alcanza el 22%.
El sistema eléctrico solo puede albergar la energía que se demanda en cada momento. Por ello, durante la noche, cuando el viento sopla con más fuerza y la demanda es menor, la energía generada por los aerogeneradores se desaprovecha. Para solucionar esto, se necesitan infraestructuras de almacenamiento capaces de guardar estos megavatios hora para su uso posterior.
En Gran Canaria, el proyecto Salto de Chira contribuirá a paliar este problema una vez operativo. No obstante, en esta isla y en el resto del Archipiélago, como en Tenerife con el inicio de una central de bombeo, son necesarias baterías. La falta de un marco retributivo claro había frenado la inversión en estas infraestructuras.
El presidente de la Asociación Eólica de Canarias (Aeolican), Raúl Macías, ha expresado que llevaban "años reclamándolo". El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, anunció la creación de este marco retributivo tras una reunión con representantes del sector público y privado de Canarias.
Tanto Aeolican como la Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER) están analizando la modificación del Real Decreto 738/2015, que regula la producción de energía eléctrica en territorios no peninsulares, para incorporar la retribución a los almacenamientos.
El presidente de ACER, Jesús Matilla, ha mostrado su satisfacción por la puesta en marcha de esta solución, que espera atraerá más inversión y dará impulso a los proyectos en desarrollo. La financiación para estas iniciativas ha provenido, en parte, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de la Unión Europea.
En noviembre de 2023, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) distribuyó 58,4 millones de euros entre 39 proyectos de almacenamiento en Canarias, con 24 en Gran Canaria, once en Fuerteventura y cuatro en Tenerife.
La modificación del Real Decreto ampliará su alcance para incluir baterías asociadas a instalaciones térmicas y renovables (hibridadas) y las infraestructuras de almacenamiento independientes (stand alone).
Otra novedad anunciada es el cambio en la señal de precio, que pasará de ser el precio medio diario peninsular al precio medio anual. Sin embargo, los empresarios del sector critican que se siga tomando como referencia la realidad peninsular, que difiere significativamente de la de las islas.
Raúl Macías señala el sobrecoste que supone para los sistemas no peninsulares, donde la energía limpia se genera a 65,28 euros el megavatio hora frente a los 200-202 euros de la energía contaminante.
Jesús Matilla lamenta que Canarias, al igual que Baleares, Ceuta y Melilla, siga vinculada a la península en aspectos como el eléctrico, sin definirse por su realidad propia.
