El Gobierno de Canarias ha aprobado el proyecto de decreto que regula el programa Hipoteca Joven Canaria, una iniciativa pionera destinada a facilitar el acceso a la vivienda a la población joven del archipiélago. Impulsada por el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, esta medida permitirá financiar hasta el 95% del valor de adquisición de la primera vivienda, superando la barrera del ahorro previo que exigen las entidades financieras, que habitualmente cubren hasta el 80%.

Tras esta aprobación inicial, el Ejecutivo autonómico solicitará el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, un trámite previo necesario antes de la aprobación definitiva del decreto y la puesta en marcha efectiva del programa. El objetivo principal es ayudar a miles de jóvenes canarios con solvencia económica a acceder a una vivienda digna.

La iniciativa está dirigida a personas jóvenes de entre 18 y 40 años. Sin embargo, no se establecerá límite de edad para las familias numerosas o monoparentales. El programa se desarrollará en colaboración con entidades financieras adheridas, que se encargarán de la gestión directa de las solicitudes y la tramitación de las hipotecas.

Entre los requisitos para acceder al programa se encuentran tener residencia legal y continuada en Canarias durante los dos años previos a la solicitud, no ser titular de otra vivienda (salvo excepciones), destinar la vivienda adquirida a residencia habitual y permanente durante al menos dos años, contar con un patrimonio neto máximo de 150.000 euros por solicitante y no superar cinco veces el IPREM en ingresos anuales. El límite de ingresos se incrementará por cada menor a cargo o en el caso de familias monoparentales.

La vivienda a adquirir deberá estar ubicada en Canarias, tener un precio máximo de 250.000 euros (sin impuestos ni gastos) y puede ser nueva o usada, libre o protegida de promoción privada.

Esta medida se enmarca dentro de la estrategia integral del Gobierno de Canarias para mejorar el acceso a la vivienda, considerada una de las prioridades estratégicas de la legislatura. El Ejecutivo ha impulsado diversas reformas y programas para aumentar la oferta residencial, reducir los tiempos administrativos y facilitar el acceso ciudadano, incluyendo el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, la agilización de licencias urbanísticas y la modificación normativa para priorizar criterios sociales en la adjudicación de viviendas públicas.